El muro flotante es parte del esfuerzo más amplio del gobernador de Texas, el republicano Greg
Abbott, para disuadir y castigar los cruces fronterizos ilegale
PORTAVOZ/AGENCIAS
Una corte de apelaciones de Estados Unidos dijo este miércoles que reconsideraría una decisión
reciente que exige a Texas retirar una barrera flotante de 305 metros de largo que había colocado
en el río Grande para disuadir a los inmigrantes de cruzar ilegalmente la frontera con México.
La decisión del pleno de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans anularía el
fallo de diciembre de un panel dividido de tres jueces, que se puso del lado del Gobierno de Joe
Biden y dijo que el estado no podía instalar la cadena de boyas sin el permiso del gobierno federal.
Ese fallo fue un revés para el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, quien ha criticado
duramente el manejo por parte del presidente demócrata de la oleada récord de inmigrantes que
cruzan la frontera ilegalmente.
El Quinto Circuito dijo que escucharía los argumentos del caso en mayo. La mayoría de los 17
jueces activos del tribunal son designados por presidentes republicanos, pero dos de los tres
jueces que decidieron el caso en diciembre fueron designados por demócratas.
El despacho de Abbott, la oficina del fiscal general republicano de Texas, Ken Paxton, y el
Departamento de Justicia de Estados Unidos no respondieron de inmediato a las solicitudes de
comentarios.
La barrera flotante es parte del esfuerzo más amplio de Abbott para disuadir y castigar los cruces
fronterizos ilegales, conocido colectivamente como Operación Estrella Solitaria.
Texas ha colocado cercas de alambre en propiedades privadas a lo largo de la frontera, ha
trasladado en avión o en autobús a decenas de miles de migrantes a ciudades y estados liderados
por los demócratas y recientemente aprobó una ley que autoriza a los funcionarios estatales a
arrestar, procesar y deportar a personas que crucen la frontera ilegalmente.
Todas esas medidas han generado batallas judiciales entre Texas y el Gobierno de Biden y grupos
de derechos civiles.
