Asociaciones civiles aseguran que el desplazamiento, reclutamiento forzado, desapariciones y
homicidios ponen en riesgo su vida e integridad además de vulnerar sus derechos humanos
FOTO Y TEXTO: YUSETT YÁÑEZ/PORTAVOZ
Niños, niñas y jóvenes, se unieron en la plaza central de San Cristóbal de Las Casas para realizar
pinturas como símbolo de paz.
Quienes luchan por la seguridad de los niños y jóvenes, dicen que desde el 2021 Chiapas ha
sido el centro de una pugna cruel por parte de grupos criminales que se disputan este
territorio clave para el tráfico de armas, drogas y trata de personas.
En esta disputa, las y los pobladores de municipios en la Sierra Mariscal han visto sus
comunidades asediadas por una ola de violencia sin igual en la región. Cobro de piso, ataques
armados, quema de vehículos, sitio de poblados, cortes de agua y luz, al igual que amenazas,
extorsiones, reclutamiento forzado, desaparición de quienes se niegan a colaborar, asesinatos
violentos y desplazamiento forzado como resultado de la violencia.
En este contexto, la vida cotidiana se ha trastocado con situaciones como bloqueos que
impiden salir o llegar a otras comunidades, cierre de negocios, suspensión de clases, pérdida
de cultivos que no han podido cosecharse, escasez de alimentos, encarecimiento de víveres,
entre otros.
El 2023 fue uno de los años más violentos para las infancias y adolescencias en el estado, sin
embargo, no existen datos oficiales que permitan entender la magnitud de la violencia a la que
se enfrenta la población. A lo largo de todo el año, en diferentes municipios de Chiapas, se
dieron situaciones que afectaron la vida de miles de niñas, niños y adolescentes en el estado.
En el mes de mayo, comunidades como Lajerío y Candelaria en Frontera Comalapa tuvieron
que desplazarse debido a la violencia de grupos criminales. Desde entonces, diferentes
comunidades a lo largo de la región Sierra Mariscal se han sumado a los territorios asfixiados
por la lucha entre grupos que se disputan el control de la frontera.
Para el mes de agosto, Motozintla y Chicomuselo fueron también víctimas de bloqueos,
comunidades sitiadas y con ello, escasez y encarecimiento de alimentos.
En septiembre, profesores de la zona escolar 025 publicaron un comunicado en el que
declaraban la suspensión de clases en dicha región debido a que no existían las condiciones
para garantizar la seguridad.
Dicha sección abarca los municipios de Amatenango de la Frontera, Bejucal, Bella Vista,
Chicomuselo, El Porvenir, Frontera Comalapa, La Grandeza, Honduras de la Sierra, Las
Margaritas, Mazapa, Motozintla y Siltepec.
Si consideramos el total de población de tres a 17 años en dichos municipios y estimamos, al
menos un 70 por ciento de asistencia a la escuela de acuerdo a datos oficiales, estaríamos
hablando de 108,560 niñas, niños y adolescentes afectados por la suspensión de clases debido
a la violencia en el periodo de septiembre a diciembre 2023.
