Por anomalías en manejo de recursos piden a prisiones mexicanas, aclarar el destino del
financiamiento recibido
PORTAVOZ/AGENCIAS
Una cárcel federal de Chiapas reportó que más de 500 personas privadas de la libertad tuvieron
diarrea, signos de gastroenteritis y deshidratación luego de consumir alimentos presuntamente
echados a perder entre el 10 y el 11 de mayo de 2022.
Tres días después, las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social Núm. 15 en Chiapas
volvieron a reportar que la comida para los internos tenía huevecillos de moscas.
Estas fallas en los servicios de alimentos fueron responsabilidad de Makobil S. de R.L. de C.V, una
empresa que tiene un contrato con duración de 22 años para hacerse cargo de la comida de las
personas en esa prisión chiapaneca.
Sirve empresa comida podrida en cárcel de Chiapas y queda sin sanción
Las autoridades del centro penitenciario de Chiapas reportaron esta irregularidad al Órgano
Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), pero esta institución
no aplicó ninguna “sanción” económica a Makobil, a pesar de que en el contrato se estableció que
puede haber deducciones en caso de que los servicios ofrecidos por la compañía no sean de buena
calidad.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que, en 2022, Makobil incurrió en 143
incidentes por los que se le pudo haber deducido tres millones 512 mil pesos, pero el OADPRS no
demostró con documentos que sí haya hecho estos descuentos.
Además de dar comida echada a perder a personas privadas de la libertad, otros incidentes en los
que incurrió Makobil fue mantener sucias las instalaciones de la cárcel federal de Chiapas, no
entregar uniformes, no atender los sistemas de climatización, descuidar las áreas verdes y no
limpiar la muralla perimetral que tenía moho.
Los incidentes de Makobil forman parte de las muchas irregularidades que la ASF detectó en el
sistema penitenciario federal con su auditoría forense número 2118, correspondiente al tercer
informe de la Cuenta Pública 2022.
La auditoría 2118 señala que el OADPRS, que administra las cárceles federales, pudo incurrir en el
mal manejo de 256 millones de pesos en 2022, debido a que presuntamente entregó este dinero a
empresas que fallaron al brindar sus servicios o les entregó estos recursos en sentido contrario a
lo que estipulaban los contratos.
Principal falla en cárceles: reembolsos por agua y luz
La principal irregularidad en el manejo de recursos por parte del OADPRS fue el reembolso que
hizo a tres compañías que utilizaron servicios públicos, como luz o agua, al momento de ejecutar
los servicios por los que se les contrató.
De acuerdo con los contratos asignados por el OADPRS, las empresas privadas se tenían que
hacerse cargo de los gastos de luz, agua, gasolina o gas que utilizaran en las cárceles federales
mientras brindaban sus servicios, sin embargo, la dependencia les entregó 199 millones 773 mil
pesos por concepto de reembolso para cubrir estos gastos.
Makobil S. de R.L. de C.V, la misma compañía que dio comida echada a perder a personas privadas
de la libertad en Chiapas, recibió un reembolso por 74 millones 513 mil pesos; mientras que
Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Oaxaca, S.A.P.I. de C.V. recibió 52 millones 191
mil pesos, y Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de Michoacán, S.A.P.I. de C.V. obtuvo
73 millones 67 mil pesos.
La ASF cuestionó al OADPRS sobre el motivo por el que reembolsó dinero a las empresas para el
pago de luz, agua, gasolina o gas, pero en todos los casos las cárceles federales de Chiapas, Oaxaca
y Michoacán reportaron que no tenían un informe donde se hiciera la división de los recursos
utilizados por la prisión y por las compañías.
Por ese motivo, la ASF pidió a la institución encargada de las cárceles federales que aclare los
reembolsos por 199 millones de pesos, además de que a futuro elabore documentos en donde se
especifique el monto que las compañías deben de pagar por la utilización de servicios públicos.
Empresas libran sanciones económicas por anomalías en servicios que dan en cárceles
Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Oaxaca, S.A.P.I. de C.V., al igual que
Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de Michoacán, S.A.P.I., incurrieron en incidentes
por los que el OADPRS debió haber deducido recursos de sus contratos.
Estas dos compañías, junto con Makobil, subcontrataron a otras empresas para hacer las tareas
por las que el OADPRS las había contratado, lo cual llevó a que cometieran fallas al momento de
brindar sus servicios en las cárceles federales.
En su revisión, la ASF encontró que las empresas subcontratadas por las compañías originales no
cumplían con requisitos fundamentales como comprobar por lo menos tres años de experiencia
ininterrumpida en la prestación de los servicios para los que se le pretende subcontratar; no estar
o haber sido inhabilitado en términos de la legislación aplicable, así como no haber sido objeto de
cancelación de contratos por parte del Gobierno federal o de algún Gobierno estatal; y comprobar
que cuenta con plantilla de personal capacitado y suficiente para prestar el servicio
correspondiente.
Esto llevó a que Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Oaxaca, S.A.P.I. de C.V
incurriera en 34 incidentes por los que se le debió deducir un millón 20 mil pesos, e Infraestructura
Penitenciaria de Michoacán, S.A.P.I. de C.V incurriera en 36 incidentes por los que se le debieron
deducir 27 millones 437 mil pesos.
Sin embargo, como ocurrió con los tres millones 512 mil pesos que se debieron deducir a Makobil
por sus incidentes, el OADPRS no demostró con documentos que haya tomado estas medidas en
contra de las empresas.
Cárceles dan pagos sin contar con pruebas de servicios
Fallas en los servicios de limpieza y mantenimiento de los sistemas de seguridad fueron otras
observaciones hechas por la ASF en su auditoría forense.
La ASF alertó sobre 13 millones 619 mil pesos que el OADPRS pagó a la empresa SIE Sistemas, S.A.
de C.V. para dar mantenimiento preventivo y correctivo al sistema circuito cerrado de televisión
del Centro Federal de Readaptación Social No. 4 Noroeste, pero el OADPRS no cuenta con
documentos para acreditar que este servicio se llevó a cabo.
La ASF también advirtió que no hay documentación para sostener que la empresa Rapax S.A. de
C.V. llevó a cabo los servicios de limpieza de las instalaciones del OADPRS, por lo que se le pagó a
esta compañía 8 millones 6 mil pesos.
Aunado a esto, a una persona física también se le asignó otro contrato para que realizara el
mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehícular del OADPRS. Por esta tarea se le
pagaron 2 millones 838 mil pesos, aunque no hay evidencia documental de que se haya llevado a
cabo este servicio.
