Acusaron a tres funcionarios municipales de mantener nexos con el crimen organizado e
intimidar a los comerciantes
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
La presión política en Yajalón se transformó en un capítulo de intimidación y amenazas, según
denuncias de los comerciantes del mercado público municipal. Los más afectados son los
vendedores ambulantes, quienes afirmaron que son coaccionados para respaldar las aspiraciones
del actual alcalde, Juan Manuel Utrilla Constantino, bajo amenazas de muerte.
Los vendedores, dedicados a la venta de frutas y verduras, explicaron que las intimidaciones
buscan forzar su participación exclusiva en eventos y reuniones políticas afines al Partido Verde
Ecologista de México (PVEM). Las amenazas, en su mayoría, provienen de autoridades municipales
y se intensifican durante el periodo electoral.
Un comerciante, temeroso por su vida y la de su familia, relató: “Nos intimidan para votar, ya lo
hicieron hace tres años, y ahora de nuevo. No nos dejan vender para buscar el pan de cada día.
Hemos levantado denuncias, pero nunca han prosperado. Ya nos echaron una camioneta encima y
ahora recibimos llamadas con amenazas de muerte”.
En medio del miedo y la violencia, los comerciantes señalaron al alcalde, a su hermano y al fiscal
de comercio municipal como los principales perpetradores de estas acciones coercitivas. Uno de
los afectados declaró que tienen vínculos con el crimen organizado y que efectúan actos de
corrupción para comprar al Ministerio Público. Ante ello, solicitaron que la situación de la región
se exponga, debido a que temen por sus vidas e incluso agregaron que un joven de la colonia
Aurora está desaparecido, y creen que estos tres funcionarios son los responsables.
Los comerciantes, en un acto desesperado, instan a las autoridades estatales a intervenir y hacer
públicas las amenazas. Vale la pena recordar que el actual ayuntamiento guarda relación con un
grupo armado llamado “Grupo Táctico”, causante de la muerte de varias personas en la localidad.
A pesar del desmantelamiento anunciado por la Fiscalía General del Estado (FGE) en junio de 2020,
la población insiste en que este grupo continúa sus operaciones, sumiendo a Yajalón en una
espiral de violencia política.
