Familias de las víctimas han sido sometidas a extorsión por medio de llamadas
telefónicas
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
En una nueva alerta emitida por la organización de asesoría legal norteamericana
1800migrante.com, se informó sobre el secuestro de un grupo de 95 migrantes
ecuatorianos en su viaje irregular hacia los Estados Unidos. Según el comunicado, entre
los privados de su libertad se encuentran mujeres, niños y hombres.
El incidente tuvo lugar ayer por la tarde, cerca de Tapachula, en el estado sureño de
Chiapas, México. Los secuestradores han comenzado a llamar a los familiares de los
indocumentados para extorsionarlos por dinero a cambio de su liberación.
William Murillo, vocero de 1800migrante.com desde Nueva York, señaló que el aumento
de secuestros ha sido notable en los últimos meses en todo México, a medida que las
redes de tráfico de drogas incursionan en el negocio ilegal del tráfico de migrantes.
Murillo afirmó que los “narco-coyotes” están imponiendo el terror en la ruta hacia Estados
Unidos, utilizando el secuestro y la extorsión como métodos favoritos para obtener
dinero.
El municipio de Tapachula, en el estado de Chiapas, se ha visto sacudido por un
preocupante incremento en la incidencia de secuestros de migrantes. El pasado 7 de
marzo, un trágico suceso dejó en evidencia la vulnerabilidad de esta población en tránsito.
Seis indocumentados, todos de origen ecuatoriano, fueron víctimas de un violento
secuestro en un rancho de la localidad. La situación se tornó aún más desoladora cuando
se supo que tres de las víctimas, dos hombres y una mujer, perdieron la vida a manos de
sus captores.
Según información proporcionada por la organización no gubernamental “1800Migrante”,
las familias de los secuestrados fueron sometidas a extorsión a través de llamadas
telefónicas, sumando así una capa más de tragedia a este lamentable suceso. Cuando las
autoridades intentaron intervenir para rescatar a las víctimas, los delincuentes
respondieron con violencia, abriendo fuego contra elementos de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN). El enfrentamiento resultó en la
muerte de uno de los secuestradores, quien cayó abatido durante el operativo.
Apenas unos días después de este episodio, la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció la
ejecución de una orden de aprehensión contra tres individuos presuntamente implicados
en el delito de secuestro agravado. Los detenidos fueron identificados como Didier “N”, de
nacionalidad cubana; Jhonatan “N”, originario de Honduras, y Adriana “N”, de
nacionalidad mexicana. Este importante paso en el proceso judicial representa un avance
en la lucha contra la impunidad y la violencia que aqueja a la población migrante en su
tránsito por México.
Este caso arroja luz sobre la gravedad de la situación que enfrentan los indocumentados
en su búsqueda por una vida mejor. La falta de protección y la exposición constante a la
violencia y la explotación ponen de manifiesto la urgente necesidad de fortalecer las
políticas de protección y asistencia para esta población vulnerable. Las autoridades
competentes deben redoblar sus esfuerzos para garantizar la seguridad y los derechos
humanos de todos los individuos que transitan por nuestro territorio en busca de un
futuro más prometedor.
ESTADOS DE LA REPÚBLICA DONDE SE HAN REPORTADO SECUESTROS DE MIGRANTES
Durante el tumultuoso año 2023, la alarmante situación de los extranjeros ilegales en
México alcanzó cifras desgarradoras. En cinco estados del país, más de 300 individuos en
busca de un futuro mejor fueron secuestrados, según revelaron fuentes oficiales y
defensores de derechos humanos.
En el estado de Chihuahua, la Fiscalía General de Justicia confirmó un total de 150 casos
de secuestro, donde los perpetradores, presuntamente vinculados a carteles de la droga,
buscaron extorsionar a los familiares de las víctimas como medio para obtener ganancias
ilícitas. Estos crímenes desencadenaron la apertura de 32 carpetas de investigación,
dejando en evidencia la gravedad de la situación.
Sin embargo, Chihuahua no fue el único estado afectado por esta ola de violencia. En San
Luis Potosí, se registraron tres casos de secuestro que involucraron a más de 100
migrantes. Mientras tanto, en Coatzacoalcos, Veracruz, los refugios para indocumentados
reportaron el auxilio a más de 30 personas de diversas nacionalidades que fueron víctimas
de secuestro durante su travesía por el sur del país. Chiapas y Oaxaca también padecieron
este flagelo, con registros que apuntan a Sonora y Tamaulipas como zonas de riesgo,
donde decenas de oaxaqueños fueron secuestrados, algunos de los cuales aún
permanecen desaparecidos.
La respuesta de las autoridades frente a esta crisis ha sido mixta. Si bien se han realizado
arrestos y se han obtenido condenas, con 66 presuntos responsables bajo investigación y
10 sentencias condenatorias dictadas contra 17 personas, aún persisten numerosos
desafíos. La falta de denuncias y la subnotificación de casos evidencian un subregistro
preocupante, mientras que la disputa entre células criminales por el control de las
víctimas para su eventual internamiento ilegal en Estados Unidos arroja una sombra aún
más oscura sobre la situación.
Es fundamental que se redoblen los esfuerzos para proteger a a las personas en situación
de movilidad internacional, quienes se encuentran más vulnerables, para así garantizar su
seguridad en su travesía hacia un futuro mejor. La cooperación entre autoridades locales,
nacionales e internacionales, así como la atención a las causas subyacentes de la
migración forzada, son esenciales para abordar esta crisis humanitaria con la urgencia y la
seriedad que merece.
En medio de una escalada preocupante de violencia, se ha registrado un alarmante
aumento en los secuestros de migrantes en México. Un comandante de una unidad elite
de investigación de la Fiscalía estatal ha revelado que al llegar a los lugares donde se
reporta el secuestro de migrantes, solo se encuentran vehículos abandonados, y en
algunos casos, a los conductores, quienes por temor se niegan a colaborar con las
autoridades.
Un ejemplo reciente es el caso ocurrido en julio pasado en la entrada de Ciudad Juárez,
donde se encontró un vehículo abandonado, presuntamente ocupado por extranjeros
ilegales que fueron “levantados” por hombres armados. Asimismo, en septiembre del
2023, en Villa Ahumada, todos los ocupantes de un camión fueron secuestrados, pero
ninguna denuncia fue presentada.
El último caso documentado tuvo lugar la noche del martes 2 de enero en la colonia El
Barreal, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Una mujer de 67 años, quien brindaba asilo a
migrantes venezolanos, reportó que estos fueron seguidos y posteriormente
secuestrados, sin que hasta ahora se conozca su paradero.
En San Luis Potosí, durante el mes de abril del 2023, se convirtió en uno de los estados de
mayor riesgo para los migrantes, después de que grupos criminales perpetraran
secuestros masivos en la carretera federal 57 cerca de Matehuala. En operativos
posteriores, se logró rescatar a al menos 100 personas secuestradas, en su mayoría
originarias de Venezuela, Honduras y El Salvador.
Además, en Veracruz, más de 30 peronas en movilidad, alojados en refugios del sur del
estado fueron secuestrados durante su travesía hacia Estados Unidos, siendo liberados
tras el pago de rescates.
La Comisión de Dignificación Humana (CDH) contabilizó un total de 17 personas privadas
de su libertad el 25 de diciembre del año pasado en Huehuetán, Chiapas, sumándose a las
decenas de casos de secuestros que ocurren principalmente en los municipios de Comitán
y Frontera Comalapa.
El activista Luis Rey Villagran García, director de la CDH, denunció que en Chiapas se han
registrado 62 muertes violentas de indocumentados, atribuidas a la disputa territorial
entre grupos del crimen organizado.
Por si fuera poco, migrantes oaxaqueños también han sido víctimas de secuestros en su
camino hacia el norte del país. Entre agosto y diciembre de 2023, al menos 30 de ellos
fueron interceptados y “levantados” en Tamaulipas y Sonora.
Ante esta alarmante situación, se hace un llamado urgente a las autoridades migratorias
para que otorguen atención humanitaria a las personas en movilidad, facilitando su
traslado seguro hasta la frontera norte y evitando así la separación de familias y los
peligros de la ruta migratoria.
