Esta incertidumbre surge del paquete de 20 reformas constitucionales enviado al
Congreso por AMLO
PORTAVOZ/AGENCIAS
Tras historias de décadas y encomiendas relacionadas con grupos vulnerables, en lo
que va de 2024, la foto de sus compras públicas refleja que están concentrados en
gastos administrativos más que en sus estrategias mientras aguardan su destino, de
acuerdo con una revisión por parte de Reporte Índigo en CompraNet.
El reloj legislativo empezó a andar. Las propuestas del presidente López Obrador
deben ser discutidas antes del 30 de abril, cuando concluirá el periodo ordinario de
sesiones de la actual Legislatura. Y estos 18 organismos integran la segunda parte de
las enmiendas propuestas por el Ejecutivo (la primera se refiere a la extinción de
órganos autónomos como el INAI o la Cofece) cuya esencia es la eliminación, fusión o
integración de entidades cuyas funciones se duplican y operan con costos altos.
¿DESAPARECERÁN LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS EN UN FUTURO CERCANO?
El presidente Andrés Manuel López Obrador consumó su intención de desaparecer a
algunos órganos autónomos con una iniciativa incluida en el paquete de reformas
enviado al Congreso el 5 de febrero.
Se trata de organismos estratégicos como el Instituto Mexicano de Tecnología del
Agua o el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, culturales como el
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas e incluso, icónicos como el Instituto Nacional
de las Personas Adultas Mayores. Sus trayectorias pueden terminar en la recta final del
Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador o continuar bajo el análisis de
si resultan útiles cuando asuma un nuevo Gobierno federal.
LA LUCHA DEL IMTA
Con 38 años de funciones, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) –cuyos
trabajos han estado dirigidos a la preservación y el uso sostenible del agua a través de
la investigación científica– ha visibilizado su resistencia a la desaparición a través de
manifestaciones y una carta entregada de manera directa al presidente Andrés Manuel
López Obrador, el pasado 9 de febrero, en Cuernavaca, Morelos, mediante su
sindicato.
En la misiva, la organización gremial expuso que la incorporación del Instituto a la
Conagua o a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales –como se plantea
en la propuesta–, propiciaría la privatización del agua, lo cual tendría desventajas para
afrontar la crisis hídrica de México acentuada por las sequías.
En paralelo a su batalla, el IMTA es el microcosmos de cómo los 18 organismos
incluidos en el paquete de enmiendas constitucionales continúa mientras llegan las
definiciones. Ha gastado poco más de 26 millones de pesos en necesidades operativas,
más que en investigación, según la localización de contratos en lo que va de 2024.
Con todo, si los contratos públicos indican los plazos de los proyectos, los organismos
en la lista del presidente López Obrador como propensos a desaparecer o fusionarse
no tienen planes más allá de 2024. Ninguno de los convenios firmados este año tiene
vigencia acordada para después de octubre de este año, cuando cambiará la
administración federal.
LA INTENCIÓN REVIVIDA
Entre tiempos políticos, el retiro de la iniciativa original y emplazamientos se escribió la
crónica del proyecto presidencial para transformar, integrar al Gobierno federal o de
plano extinguir a 18 organismos que hasta ahora funcionaron con presupuestos
propios al tener el carácter legal de la desconcentración o descentralización.
El 18 de abril de 2023 el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara
de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal en la que incluyó transformar el funcionamiento de esas entidades cuya
formación, en algunos casos, data de los años 80 del siglo pasado.
La propuesta se basaba en que las atribuciones de esas entidades fueran absorbidas
por varias secretarías de Estado. La justificación fue que estos organismos surgieron
bajo el modelo neoliberal y hasta ese momento, sólo utilizaron recursos del Estado sin
eficiencia. Eran, según asentó en la iniciativa, espacios para el clientelismo y la
corrupción.
“La presente iniciativa tiene por objeto racionalizar la estructura orgánica de la
Administración Pública Federal con el fin de eficientar los recursos públicos, agilizar los
procesos administrativos y aprovechar los bienes nacionales adecuadamente”, se
indicaba en la iniciativa.
Pero, en medio de críticas y desacuerdos, Morena retiró la iniciativa de las discusiones
en la Cámara de Diputados. Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación
Política, explicó ante medios que la propuesta se analizaría de manera minuciosa.
“Es una iniciativa que requiere incorporarse al proceso legislativo, a la discusión, a la
revisión, a su congruencia legislativa y administrativa. Todo lo que consideramos que
no cumplía con los requisitos lo dejamos para después, como muchas iniciativas”,
expresó en ese momento.
La iniciativa se quedó pendiente en las comisiones de la Cámara de Diputados.
El 5 de febrero pasado, el presidente retomó su intención de desaparecer, tal como
son ahora, a 18 organismos y la incluyó en el paquete de reformas para modificar leyes
secundarias. El Ejecutivo federal volvió a argumentar que la reorganización permitiría
eliminar la dispersión de recursos públicos y redirigirlos a las funciones sustantivas del
Estado. Esta nueva iniciativa debe ser discutida antes del 30 de abril, fecha en que
concluirá el último periodo de sesiones de la LXV Legislatura.
ASÍ FUE LA AUSTERIDAD EN EL GOBIERNO DE AMLO
A través de cambios del marco jurídico, el presidente Andrés Manuel López Obrador
marcó su administración con las políticas de austeridad republicana y pobreza
franciscana que sobre todo, implicaron el adelgazamiento de la burocracia.
Como promesa de campaña, el primer mandatario federal emanado de una fuerza de
izquierda, se comprometió con una administración austera y alejada de las malas
prácticas que en el pasado tuvieron altos costos. En 2018, después de colocarse la
banda presidencial, en el compromiso 31 de una lista de 100, asentó que los recursos
ahorrados mediante su reforma administrativa se irían a programas de bienestar.
Una vez en ejercicio del poder logró una modificación de la Ley Federal de
Remuneraciones de los Servidores Públicos, así como la promulgación de la Ley Federal
de Austeridad Republicana. Aunado a estos instrumentos, propuso presupuestos
federales con recortes, en algunos casos dramáticos.
Con la primera logró disminuir los salarios en el Gobierno federal y con la segunda,
prohibió que los funcionarios ganaran más que el presidente de la República, eliminó
seguros privados, recortó gastos corrientes y limitó la llamada “puerta giratoria”, un
fenómeno en el que servidores públicos se incorporaban a la iniciativa privada apenas
dejaban el cargo.
También, en noviembre de 2018, por iniciativa de Morena (su partido), quedó
eliminado el beneficio de la pensión vitalicia de 205 mil 122 pesos mensuales (en ese
momento) para los expresidentes. En ese momento, la recibían Luis Echeverría Álvarez
(1970-1976, fallecido), Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa
(2006-2012) quien la donaba a una organización de niños con cáncer.
En julio de 2022 el presidente anunció otra faceta de su política: la pobreza
franciscana.
“Ya vamos a pasar de la fase de la austeridad republicana a una fase superior que es el
de la pobreza franciscana, porque tengo reunión mañana con el Gabinete y vamos a
llevar a cabo medidas de austeridad adicionales”, declaró en su conferencia matutina
del 27 de ese mes.
Dijo también que “vamos a buscar la forma de presentar una iniciativa de reforma a la
Ley de Austeridad y, si procede, una nueva reforma a la Constitución para dejarlo más
claro y que no se presente a interpretaciones que hicieron en el Poder Judicial de
manera leguleya”.
El pasado 5 de febrero, la marca de la austeridad se impuso conforme a lo anunciado.
El Ejecutivo federal envió un paquete de reformas administrativas para desaparecer
órganos autónomos y realizar fusiones de otras instancias. Más allá de la aprobación
en el Congreso, su intención quedó inscrita en la última etapa de su Gobierno.
