En 2022 ‘El País’ reportó que Enrique Peña Nieto contaba con una visa de estas, pero la
nación lo negó
PORTAVOZ/AGENCIAS
El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció que el Consejo de
Ministros estudiará modificar la ley, aprobada por el conservador Partido Popular en
2013, que permite obtener el visado de residencia si se invierte en viviendas de más de
medio millón de euros en España.
Se trata de la conocida como “Golden visa”, o “visado de oro”, que permite tener la
residencia cuando se invierte al menos esa cantidad en bienes inmuebles.
Sánchez dijo que su Gobierno va a adoptar las medidas que sean “necesarias” para
garantizar que la vivienda “sea un derecho y no un mero negocio especulativo”.
Asimismo insistió en que en la actualidad 94 de cada 100 visados de este tipo están
vinculados a la inversión inmobiliaria y se concentran en la capital y las ciudades del litoral
mediterráneo, así como en las Islas Baleares.
“Es decir, precisamente los territorios y las ciudades que se están enfrentando a un
mercado de la vivienda altamente tensionado y donde es casi imposible encontrar una
vivienda digna para quienes viven y trabajan en ellos y pagan sus impuestos cada día”,
destacó el presidente del Gobierno.
Señaló que esta medida es un paso más al esfuerzo inversor sin precedentes del Ejecutivo
en acceso a la vivienda, que comenzó con una dotación “histórica” para la vivienda en los
presupuestos del Estado y que “multiplica por siete” la cuantía que su Gobierno encontró
cuando llegó al poder en 2018.
Para acceder a la “Golden visa” o una autorización de residencia para los extranjeros no
residentes en la UE se requiere de una inversión significativa de capital, bien en la
adquisición de inmuebles en España por un valor superior al medio millón de euros, en
activos financieros o en un proyecto empresarial.
Además pueden solicitar un visado o la autorización de residencia si invierten en activos
financieros realizando una inversión inicial por un valor igual o superior a dos millones de
euros en títulos de deuda pública española o un millón de euros en acciones o
participaciones sociales de empresas españolas con una actividad real de negocio.
También si invierten un millón de euros en fondos de inversión o un millón de euros en
depósitos bancarios en entidades financieras españolas o si desarrollan un proyecto
empresariales en España de interés general.
