Luisa María Alcalde, externó su preocupación de que la Corte pueda dejar inaplicable
dicha medida cautelar
PORTAVOZ/AGENCIAS
Eliminar la prisión preventiva implicará la liberación de 68 mil presuntos delincuentes,
entre ellos los acusados de homicidio, secuestro, violación y narcotráfico, alertó la
secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján.
Durante la conferencia matutina de este martes, la encargada de la política interna del
país expuso que ven con preocupación la intención de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) de eliminar la prisión preventiva de oficio, la cual está regulada en el
artículo 19 de la Constitución.
“La Suprema Corte está proponiendo invalidar el artículo 19 constitucional y ordenar a
todos los jueces del país inaplicable la prisión preventiva de oficio. Esta decisión la
toma a partir de una resolución emitida en enero de 2023 por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, que como sabemos es una instancia judicial internacional que
pertenece a la Organización de Estados Americanos, en donde condena a México y
resuelve que se deben adecuar las leyes. Incluyendo la Constitución, para eliminar la
prisión preventiva”, explicó.
Si la Corte deja inaplicable la prisión preventiva, la cual permite que un presunto
delincuente enfrente un proceso en prisión sin riesgo de fuga y salvarguardando la
seguridad de víctimas y testigos, se estará excediendo, dijo Alcalde Luján.
“Creemos que la Suprema Corte no solo se excede en sus facultades sino que pretende
tomar una decisión sin dimensionar lo que esto significa”, dijo.
Con la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, se dejarán a 68 mil presuntos
delincuentes en libertad, entre ellos:
- Mil 640 acusados de homicidio.
- Siete mil 150 acusados de secuestro.
- Cinco mil 617 acusados de violación.
- Cuatro mil 13 de narcotráfico y narcomenudeo
- Tres mil 800 de portación de armamento y explosivos.
- Mil 405 de feminicidio.
- Mil 273 de abuso infantil y corrupción de menores.
“La liberación de estas personas pondría en riesgo primero a los testigos y a las
víctimas, que son las personas que los han acusado, por supuesto al personal de la
policía, al personal de la fiscalía, a los propios juzgadores”, resaltó.
Además, dijo que existe el riesgo de la comisión de nuevos delitos, porque se trata de
poner en libertad a algunos vinculados con el crimen organizado y que cuentan con
capacidad económica y operativa, además de que tienen un alto riesgo de darse a la
fuga.
La secretaria agregó que atender esa política de la OEA vulnera la soberanía nacional,
porque la existencia de organismos internacionales no implica que los Estados
renuncien a su soberanía ni a su derecho a auto determinarse.
“Ningún Estado, Gobierno, organismo o tribunal extranjero puede ordenarle a México
modificar su Constitución, modificar su régimen político ni su forma de Gobierno.
Hacerlo sería un acto inadmisible de injerencia y ¿a quién le toca defender nuestra
constitución?, precisamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque
aunque la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos tienen la
misma jerarquía y deben interpretarse todos de manera armónica, cuando una norma
internacional se opone a una norma constitucional debe prevalecer siempre nuestra
Constitución”, explicó.
