El 40 por ciento de muertes en menores de edad, han sido por homicidios y agresiones
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
En la colonia La Pochota de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, vecinos se encuentra consternados
por la desaparición de Christian Daniel, un niño 13 años de quien se presume ha huido de
su hogar tras ser objeto de abusos y maltratos por parte de su abuelo, con quien residía
como único familiar.
La última vez que se avistó a Christian fue en su residencia en la mencionada colonia,
donde vivía bajo el cuidado exclusivo de su abuelo, puesto que no contaba con la
presencia de sus padres.
Vecinos de la zona han compartido preocupantes detalles sobre la situación de Christian,
señalando que el niño era víctima constante de violencia por parte de su abuelo.
Un video captado por uno de los vecinos muestra escenas desgarradoras, donde Christian
clama por ayuda mientras es golpeado con un machete por su abuelo, quien parece
arremeter contra él con una fuerza inusitada, propinándole golpes tanto en el rostro como
en el cuerpo.
Las denuncias de los vecinos son consistentes en afirmar que Christian era sometido a un
trato inhumano por parte de su abuelo, sin que existiera algún motivo justificado para
tales acciones.
Hasta el momento, ninguna autoridad estatal, ni organización dedicada a la protección de
los derechos de los niños ha emitido pronunciamiento alguno respecto a este caso de
abuso infantil, dejando en vulnerabilidad la vida y el bienestar del menor.
Ante la ausencia de respuesta oficial, amigos y vecinos de Christian han emprendido una
intensa búsqueda para dar con su paradero y asegurar su integridad. Se sospecha que la
violencia ejercida por su abuelo pudo haber sido el detonante para que el menor decidiera
escapar de su hogar.
En estos momentos, el paradero de Christian Daniel sigue siendo desconocido, mientras la
comunidad permanece en alerta y en espera de acciones que garanticen su protección y
seguridad.
En el estado de Chiapas, la preocupación por la seguridad y bienestar de los niños y
adolescentes ha alcanzado niveles críticos, según revelan datos recientes proporcionados
por la Red de los Derechos Humanos de la Infancia y Adolescencias en Chiapas (Redias).
Según esta organización, el 40 por ciento de las muertes de menores de edad en Chiapas
han sido el resultado de homicidios y agresiones, una cifra alarmante que arroja luz roja
sobre la difícil situación que enfrentan los jóvenes en la región.
Tan solo en el año 2021, se registraron un total de dos mil 309 decesos de niños y
adolescentes en el estado. Las principales causas de estas tragedias incluyen accidentes,
suicidios, homicidios, afecciones perinatales, muerte infantil, malformaciones congénitas,
leucemia, diarreas y neumonía, entre otras.
Los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)
revelan una tendencia preocupante: del 2015 al 30 de abril del año 2022, se reportaron 84
homicidios con armas de fuego en contra de niños y adolescentes en Chiapas, 14 de los
cuales ocurrieron en el año 2022. Aunque estas estadísticas son preocupantes, la realidad
es aún más sombría, según lo destacado por REDIAS, donde se resalta que el 24 por ciento
de las muertes son por accidentes viales, el 22 por ciento por suicidio, y el 18 por ciento
por homicidios.
En términos de porcentaje, se precisa que el 23.3 por ciento de los decesos son causados
por accidentes viales, el 21.5 por ciento por homicidios, el 17.9 por ciento por agresiones,
el 11.9 por ciento por ahogamiento, y el 25.4 por ciento restante ocurre por otras causas.
El estudio “La Infancia Cuenta en Chiapas”, realizado por la Red por los Derechos de la
Infancia (Redim), revela que en la entidad habitan más de dos millones de niñas, niños y
adolescentes, lo que representa aproximadamente un tercio de la población total del
estado. Es importante destacar que esta población es predominantemente indígena, con
el tseltal, tsotsil y ch’ol como los principales grupos étnicos.
Ante estas alarmantes cifras, resulta imperativo que las autoridades locales, estatales y
federales redoblen sus esfuerzos para garantizar la seguridad y protección de la infancia
en Chiapas. La prevención de la violencia, la promoción de entornos seguros y saludables,
y el acceso a servicios de atención integral son elementos fundamentales para
salvaguardar el bienestar de las generaciones futuras en la región.
El incremento alarmante en la violencia hacia la infancia es un tema de preocupación
creciente debido a su frecuencia y gravedad. En Chiapas, los municipios de Tuxtla
Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula destacan por registrar un elevado
número de casos de homicidios, feminicidios infantiles y desapariciones de niñas, niños y
adolescentes.
En el año 2021, el número de desapariciones de población infantil y adolescente se
triplicó, lo que representa un promedio de dos casos por día. Esta situación es alarmante y
pone en evidencia una crisis humanitaria que requiere atención inmediata.
Violeta Galicia, coordinadora operativa de Redias, ha señalado que desde hace más de 30
años en Chiapas no se están garantizando las condiciones de vida básicas de los niños y
adolescentes, especialmente en las comunidades indígenas y zonas rurales de alta
marginación, particularmente aquellas más alejadas de las zonas urbanas y vías de
comunicación.
La sociedad civil ha levantado la voz y ha denunciado los problemas que enfrentan los
menores de edad en el estado, así como la urgencia de garantizarles una vida libre de
violencia y discriminación. Sin embargo, a pesar de los llamados y exhortaciones, el
Gobierno estatal aún no ha aprobado ni implementado el Programa Estatal de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes (PROESPINA), lo que refleja una falta de respuesta
adecuada a esta crisis.
Es crucial que los funcionarios y el público en general se sumen con voluntad y esfuerzos a
los 33 años de la Convención sobre los Derechos de las Niñas y Niños, para enfrentar los
desafíos que enfrenta la niñez y adolescencia en Chiapas a diario. La sociedad civil está
comprometida y trabajando activamente para garantizar los derechos fundamentales de
los niños y adolescentes en el estado, pero es necesario que el Gobierno también asuma
su responsabilidad y tome medidas concretas para abordar esta situación.
