Exigen su reinstalación inmediata y atención médica; responsabilizan al Gobierno por omitir su protección aderechos laborales
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
La reciente cesantía de la docente en Frontera Comalapa, Carolina Leticia Marroquín Roblero, destacó una alarmante brecha en la protección de los educadores frente a la violencia del crimen organizado. Más allá de ser un caso aislado, este incidente pone de manifiesto una problemática sistémica que requiere una atención inmediata y exhaustiva por parte de las autoridades competentes.
La negativa de las autoridades a actuar ante las amenazas documentadas y la posterior cesantía de Carolina reflejaron un claro desamparo institucional. Esta situación no solo afecta la seguridad y bienestar de los educadores, sino que también compromete el acceso a una educación de calidad para los estudiantes, quienes ven interrumpido su proceso de aprendizaje por la ausencia de maestros comprometidos.
El caso de Carolina ilustra la necesidad de implementar políticas y protocolos de seguridad efectivos en el ámbito educativo, así como de fortalecer la colaboración entre instituciones gubernamentales y sindicatos para garantizar la protección de los docentes en zonas de riesgo. Es imperativo que se establezcan mecanismos de respuesta rápida y eficaz frente a situaciones de amenaza y violencia contra el personal educativo.
La exigencia de la reinstalación inmediata de Carolina y la atención médica adecuada después de sufrir un derrame cerebral a causa de recibir la orden de separarse del cargo, resaltó la responsabilidad del Gobierno federal y estatal en la protección de los derechos laborales y humanos de los docentes. Este caso debe servir como un llamado de atención para que se tomen medidas concretas que aseguren un entorno laboral seguro en Chiapas.
En última instancia, es fundamental reconocer el invaluable papel que desempeñan los docentes en la sociedad. Por ello se debería salvaguardar su seguridad y bienestar. La protección de los educadores es un imperativo moral y una necesidad urgente que no puede ser ignorada ni postergada en la entidad.
