Dicho recurso fue presentado para que el Ejecutivo federal tenga control de, al menos, 40 MMDP en cuenta afores inactivas
PORTAVOZ/AGENCIAS
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) turnó a la ministra Loretta Ortiz Ahlf la acción de inconstitucionalidad promovida por los diputados federales en contra de la reforma del Fondo de Pensiones para el Bienestar, impulsado por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.
La ministra, quien fue fundadora de Morena y militante del partido hasta 2018, será la encargada de determinar si admite o no el trámite de impugnación presentada por legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) a finales de mayo.
“Con el escrito y los anexos, fórmese y regístrese el expediente físico y electrónico, relacionado con la acción de inconstitucionalidad hecha valer por diversas diputadas y diputados del Congreso de la Unión”, se lee en el listado de notificaciones de la SCJN.
En el documento, la subsecretaría general de Acuerdos del Alto Tribunal señaló que se dio trámite a la acción de inconstitucionalidad con el expediente 116/2024 para instruir el procedimiento correspondiente ante el máximo tribunal de justicia.
“Con el escrito y los anexos, fórmese y regístrese el expediente físico y electrónico, relativo a la acción de inconstitucionalidad hecha valer por diversas diputadas y diputados integrantes del Congreso de la Unión. Túrnese este expediente a la ministra Loretta Ortiz Ahlf para que instruya el procedimiento correspondiente, de acuerdo con el registro que al efecto se lleva en la subsecretaría general de Acuerdos de este Alto Tribunal”, se publicó.
La subsecretaría general de Acuerdos agregó que: “Túrnese este expediente a la ministra Loretta Ortiz Ahlf para que instruya el procedimiento correspondiente. Se habilitan los días y las horas que se requieran para llevar a cabo la notificación de este proveído”, menciona, sobre la exdiputada federal de Morena y PT entre 2012 y 2016.
Los diputados de oposición presentaron la acción incostitucional el pasado 1 de mayo para evitar que el Ejecutivo federal tenga el control de, al menos, 40 mil millones de pesos de cuanta de afores inactivas, las cuales no han sido reclamadas por los trabajadores.
“Una acción autoritaria por parte del Gobierno, que no quiere reconocer, que el país se encuentra en bancarrota, y para tratar de sanar el partido oficialista le está prácticamente robando a las y los trabajadores”, indicaron.
El Fondo de Pensiones será un fideicomiso público en el que el Banco de México (Banxico) actuará como fiduciario y será constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), además contará con un comité técnico que deberá emitir las reglas sobre la recepción, administración, inversión, reservas, rendimientos y reversión de los recursos.
Los recursos del Fondo de Pensiones para el Bienestar no podrán ser usados para el equilibrio presupuestario, es decir, para financiar un déficit público, y tampoco puede usarse para gastos que no estén relacionados con las pensiones.