Municipios como Tapachula y Tuxtla Gutiérrez destacan por registrar altos índices de violencia
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
El reciente informe del Observatorio Feminista Contra la Violencia a las Mujeres en Chiapas, titulado “La cuenta que no nos cierra”, ha revelado cifras alarmantes sobre la violencia de género en la región durante los primeros cinco meses de 2024. El reporte detalla un total de 101 muertes violentas de mujeres, de las cuales al menos 29 han sido confirmadas como feminicidios. Estos datos ponen de manifiesto una crisis de seguridad y derechos humanos que requiere atención urgente y medidas contundentes.
El mes de mayo ha sido crítico, al registrar 45 muertes violentas de mujeres. De estas, 31 fueron homicidios, cuatro accidentes, dos suicidios, un feminicidio confirmado y seis posibles feminicidios. La categorización de “muerte violenta” en este contexto es amplia e incluye toda muerte no natural, que abarca desde suicidios hasta accidentes viales y homicidios.
El mapa de la violencia se extiende por diversos municipios de Chiapas, como Berriozábal, La Concordia, Chicomuselo, Mapastepec, Ocozocoautla, Palenque, Pantelhó, Villa Comaltitlán, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Sitalá, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Benemérito de las Américas. Este patrón geográfico apunta a la necesidad de intervenciones específicas y locales, que consideren las particularidades socioeconómicas y culturales de cada comunidad.
El fenómeno de la violencia familiar también sigue siendo prevalente, con 11 casos reportados en la región Metropolitana y cuatro en la región Altos Tsotsil-Tseltal durante mayo. Estos datos sugieren que la violencia contra las mujeres no se limita al ámbito público, sino que también está arraigada en los hogares. Las políticas públicas deben, por lo tanto, dirigirse tanto a la prevención y protección en el espacio público como a la intervención y apoyo dentro del hogar.
La magnitud de estos números plantea preguntas urgentes sobre la efectividad de las políticas de prevención y protección existentes. Es imperativo que el Gobierno, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil colaboren en la implementación de estrategias integrales y sostenibles para combatir la violencia de género.
