La desaparición de permisos y el robo de pasaportes en el Inami Chiapas evidencian corrupción sobre el flujo migratorio
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
La delegación del Instituto Nacional de Migración (Inami) en Chiapas se enfrenta a graves acusaciones de corrupción. Funcionarios de alto nivel, aprovechan la proximidad del cambio de administración, para enriquecerse a costa del tráfico ilegal de migrantes y perpetuar la vulneración de los derechos humanos, según los activistas de la región.
Las denuncias apuntan a figuras prominentes dentro del Inami, como su titular Roberto González López. Activistas han señalado que, mientras se permite el acceso a medios internacionales para enaltecer la labor del instituto, las condiciones dentro de la Estación Siglo XXI continúan siendo deplorables. Este contraste entre la imagen pública y la realidad vivida por los migrantes sugiere una estrategia calculada para desviar la atención de las prácticas corruptas.
Otro nombre recurrente en las denuncias es el de Farah Cerdio, funcionaria acusada de liderar una red de tráfico de migrantes. Según testimonios, esta red cobra exorbitantes sumas de dinero para facilitar permisos de tránsito, los cuales benefician a quienes pueden pagar y dejan a los más vulnerables atrapados en la entidad. Esta situación no solo revela una profunda inequidad, sino también una alarmante falta de humanidad en el trato hacia los migrantes.
La complicidad dentro del Inami parece extenderse a diversos niveles, al involucrar incluso a abogados que, en colusión con funcionarios, han convertido la necesidad de los migrantes en una lucrativa fuente de ingresos. La venta de permisos migratorios es una práctica que no solo viola la ley, sino que pone en riesgo la seguridad de miles de personas que buscan una vida mejor.
El reciente robo de más de seis mil pasaportes, denunciado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, añade otra capa de complejidad a la ya tensa situación. Este incidente podría estar relacionado con las mismas redes corruptas dentro del Inami. Los migrantes demandan transparencia, justicia y frenar la violación a sus derechos fundamentales.