La compra de aceite de palma en otros países ha causadopérdidas a productores chiapanecos
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
Los productores de palma en Chiapas enfrentan una crisis económica debido a la preferencia de las industrias nacionales por el aceite importado. El presidente del consejo regional de palmicultores de la región Costa, José Luis Méndez Hernández, denunció que más del 80 por ciento de la demanda nacional se está cubriendo con importaciones de Malasia, Costa Rica, Colombia, Honduras y Guatemala, lo que deja rezagado al producto local y provoca pérdidas en el sector.
Chiapas, que contribuye con el 60 por ciento de la producción nacional de aceite de palma, está viendo cómo las plantas extractoras disminuyen la compra local y retrasan los pagos a los productores. Esto no solo afecta la economía de los agricultores, sino que también pone en riesgo la estabilidad social en las comunidades rurales que dependen de esta actividad.
Ante esta problemática, los palmicultores de Chiapas solicitaron al Gobierno que se implementen medidas temporales para frenar la entrada de aceite crudo importado. Argumentaron que las políticas nacionales deberían priorizar el consumo de productos locales para fomentar la economía regional y el bienestar social. Esta intervención es vista como esencial para evitar un colapso económico en las zonas productoras de palma del estado.
Los refinadores, que se abastecen de aceite extranjero, deben reconsiderar su enfoque y apoyar más al producto nacional, según los productores. Méndez Hernández subrayó que, con el respaldo adecuado, los productores de Chiapas podrían aumentar su capacidad de procesamiento y cubrir una mayor parte de la demanda nacional. Este apoyo no solo estabilizaría la economía local, sino que también contribuiría al desarrollo sostenible del sector.
Los productores de palma en Chiapas están en una situación crítica debido a la preferencia por el aceite importado. Hacen un llamado urgente al Gobierno y a los refinadores para que intervengan y apoyen la producción nacional, con el fin de asegurar la viabilidad económica y social de las comunidades rurales en el estado.
