La lucha de estos detenidos se convierte en un símbolo de batalla por una justicia libre de corrupción
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
El grupo de trabajo No Estamos Todas No Estamos Todos evidenció la dura realidad de los presos políticos en San Juan Cancuc. Agustín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar llevan dos años encarcelados, sosteniendo su inocencia frente a un sistema judicial que, según ellos, ha fabricado pruebas en su contra. La denuncia reveló una profunda desconfianza en el sistema de justicia indígena, que ellos consideran corrupto e injusto.
Los detenidos aseguraron que las pruebas presentadas en su contra por la Fiscalía de Justicia Indígena fueron manipuladas para asegurar una condena que resultó en una sentencia de 25 años de prisión. Esta acusación pone en evidencia no solo un caso particular de presunta injusticia, sino una práctica sistemática de fabricación de delitos que subraya la necesidad urgente de una revisión exhaustiva del proceso judicial y de las prácticas de la fiscalía.
El llamado de los presos a sus compañeros de lucha para exigir su libertad inmediata refleja un compromiso con la búsqueda de justicia. Al afirmar que la mayoría de los internos son inocentes, por lo tanto, buscan crear una conciencia más amplia sobre el problema. Esta movilización dentro de las cárceles también resalta la falta de mecanismos efectivos para la denuncia y la resolución de casos de injusticia del sistema penitenciario.
Además, el comunicado demandó a la fiscalía un cese inmediato de la fabricación de delitos y detenciones arbitrarias. Esta exigencia no solo busca corregir el caso específico de los presos de San Juan Cancuc, sino también enfrentar una problemática más amplia que afecta a muchos otros ciudadanos.
La situación de San Juan Cancuc plantea preguntas cruciales sobre la integridad del sistema judicial y el respeto a los derechos humanos en el contexto de la justicia indígena. A medida que la sociedad toma conciencia de estos casos, se vuelve imperativo fomentar una discusión abierta sobre la necesidad de reformas en los sistemas judiciales locales.
