La magnitud de dicha crisis humanitaria es evidente, por lo que requiere una respuesta coordinada y efectiva de autoridades
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
El Ejército Civil Indígena ha vuelto a hacer su aparición en la región de Los Altos, en el municipio de Chenalhó, con un mensaje claro: exigir la liberación de Felipe Gómez Méndez, preso en el penal de El Amate. Acompañados de un despliegue armado y encapuchados, al menos 27 hombres vinculados al grupo de Los Herreras se manifestaron en Tzanembolom, lo que generó preocupación y tensión en la zona.
El grupo, que se hizo visible en un video difundido en redes sociales, no solo mostró su capacidad militar, sino también su intención de intimidar a sus adversarios conocidos como El Machete. Este tipo de actos recalca la persistencia del conflicto armado en la región y pone de relieve la influencia creciente de estas facciones en la vida comunitaria y política de Chiapas. La aparición de estos grupos armados subraya una escalada de violencia que parece lejos de solucionarse.
El conflicto ha tenido un impacto devastador en las comunidades cercanas, con la toma de rehenes en la escuela primaria de Tzanembolom el pasado 11 de julio. Alrededor de 90 personas están retenidas en estas instalaciones, mientras que otras comunidades como San Clemente y Las Delicias también han sido afectadas. En La Esperanza, se reporta que aproximadamente 180 personas han huido de la violencia.
En respuesta a la crisis, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas ha proporcionado ayuda humanitaria y evacuó a 20 familias. Sin embargo, la falta de cooperación por parte de los representantes locales ha impedido una evacuación completa y segura. Esta resistencia resalta las complejidades de la situación y la dificultad de implementar soluciones en un entorno tan volátil.
El regreso del Ejército Civil Indígena recuerda la última vez que el grupo se manifestó en julio de 2023 en Pantelhó. Este patrón de activismo revela la profunda crisis de gobernabilidad y seguridad en Chiapas. Plantea interrogantes sobre la eficacia de las estrategias gubernamentales para enfrentar la violencia y proteger a las comunidades vulnerables.
