La entidad enfrenta un desafío con el aumento en el sistema penitenciario, esto evidencia
problemas en infraestructura carcelaria
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
En 2023, Chiapas vivió una notable crisis en su sistema penitenciario, con la incorporación de dos
mil 746 personas a sus 17 centros reinserción social. Este incremento resaltó no solo la presión
sobre el sistema local de justicia, sino también una tasa de ocupación que supera el límite, con
cinco mil 011 camas útiles en instalaciones que presentan una ocupación del 109.2 por ciento. La
alta tasa de ocupación indica una urgencia de reformas estructurales en el sistema carcelario de la
entidad.
La capacidad instalada nacional para el manejo de personas privadas de libertad es de 229 mil 032
espacios, mientras que Chiapas, con sus centros penitenciarios estatales y federales, enfrenta una
situación crítica con una tasa de ocupación que supera el promedio nacional. Este desajuste pone
de manifiesto el desafío de gestionar los recursos y la infraestructura carcelaria en un contexto de
creciente demanda.
El impacto desproporcionado en la población indígena es alarmante. A nivel nacional, el 3.5 por
ciento de los internos pertenecen a pueblos indígenas, con los tseltales, tsotsiles y choles de
Chiapas. Esta sobrerrepresentación sugiere una necesidad de abordar las disparidades en el
sistema de justicia penal y garantizar que las políticas no perpetúen las desigualdades existentes.
A pesar de que los centros penitenciarios estatales y federales del país absorben el 37.5 por ciento
y 62.5 por ciento del presupuesto respectivo, en Chiapas se ejercieron 567 millones de pesos en 2023.
Esta asignación presupuestaria debe ser revisada para asegurar una distribución equitativa
que permita no solo mejorar las condiciones en los centros, sino también reducir la incidencia de
reincidencia a través de programas de rehabilitación efectivos.
La cifra de egresos en Chiapas, que alcanzó los tres mil 941 individuos, indica un flujo constante de
reintegración social. Sin embargo, el hecho de que el número de ingresos supere al de egresos
sugiere una presión continua sobre el sistema carcelario que podría ser mitigada con estrategias
de prevención del delito y programas de apoyo a la reintegración.
