La violencia por la lucha entre grupos criminales en Chiapas ha forzado a muchos a abandonar sus hogares y cruzar al país vecino
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
La frontera entre México y Guatemala ha visto un incremento en el número de desplazados chiapanecos, quienes huyen de la violencia desatada por disputas territoriales entre grupos delictivos. Esta huida masiva refleja una búsqueda de seguridad en un entorno donde las comunidades enfrentan amenazas constantes y el colapso de su estructura social. Muchos prefieren la inseguridad de la intemperie en las montañas a la amenaza en sus propios hogares.
La llegada de los refugiados ha puesto a prueba la capacidad de respuesta humanitaria en Guatemala. A pesar del esfuerzo constante por parte de las autoridades locales y voluntarios, el apoyo recibido podría pronto no ser suficiente para cubrir las crecientes necesidades de la población desplazada. La escasez inminente de recursos y la incapacidad para garantizar un refugio seguro a largo plazo generan una nueva crisis.
En medio de este dilema, la propuesta del consulado mexicano de trasladar a los refugiados a un albergue en Tapachula ha encontrado una respuesta mixta. Mientras algunos ven en la oferta una salida viable, otros desconfían de la solución propuesta, prefiriendo quedarse en Guatemala, donde han encontrado una forma temporal de estabilidad. Esta respuesta refleja la inseguridad que se vive en Ocosingo, Frontera Comalapa, Tila, Pantelhó, la zona sierra, entre otros.
El impacto emocional y psicológico de la migración forzada es evidente en los campos de refugiados, como en Ampliación Nueva Reforma, donde la rutina diaria sirve de distracción ante el duelo y la pérdida. Las familias, ahora en tierras extranjeras, enfrentan una dura realidad: la pérdida de sus bienes y su vida anterior, con la esperanza de encontrar un nuevo comienzo mientras lidian con el trauma y el desarraigo.
La situación en la frontera resalta una necesidad urgente de soluciones coordinadas que aborden no solo la ayuda inmediata, sino también los factores subyacentes de violencia y desplazamiento. La comunidad internacional debe reconocer el impacto de las disputas territoriales en las poblaciones civiles y trabajar en estrategias integrales para resolver la crisis humanitaria.
