Grupos criminales utilizan a pobladores como escudos humanos y la negligencia de autoridades
intensifica el caos
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
En las últimas semanas, Chiapas ha sido el epicentro de una crisis humanitaria. Los
enfrentamientos entre grupos criminales por el control de territorios han dejado a la población
civil en una situación de vulnerabilidad extrema. La incapacidad del Gobierno para ofrecer una
respuesta eficaz ha intensificado el riesgo para miles de familias que viven bajo el constante asedio
de la violencia y el aislamiento, señaló el Colectivo de Monitoreo de la Frontera Sur.
Los bloqueos carreteros impuestos por los grupos del crimen organizado han tenido un impacto en
municipios clave como Frontera Comalapa, Chicomuselo, entre otros. Estos bloqueos no solo han
aislado a las comunidades, sino que han sido utilizados para convertir a los residentes en barreras
humanas, impidiendo la llegada de ayuda y el acceso a recursos esenciales.
A pesar de la magnitud de la crisis, las autoridades federales han minimizado la situación, al
desviar la responsabilidad hacia las comunidades afectadas. Esta postura ignora la realidad de las
personas atrapadas entre el fuego cruzado, y contraviene principios fundamentales del Derecho
Internacional Humanitario al poner a la población en una posición aún más peligrosa.
El patrón de respuestas inadecuadas en crisis anteriores resalta la falta de una estrategia efectiva a
largo plazo. Aunque se han desplegado fuerzas militares en el pasado, estas intervenciones han
sido temporales y sin un plan de inteligencia sólido para desmantelar las redes criminales. La
recurrente violencia y el desplazamiento forzado evidencian la necesidad de un enfoque integral
que vaya más allá de las soluciones militares y aborde las raíces profundas del conflicto.
Las organizaciones civiles de la entidad exigen una respuesta coordinada. El aumento en el
desplazamiento forzado, con familias huyendo incluso a Guatemala, pone en evidencia la grave
crisis de derechos humanos en curso. Las autoridades deben actuar con rapidez para proteger a
los desplazados y garantizar que se respete su derecho a una vida segura y digna.
