La institución ha despedido a ocho trabajadores, quienes ahora luchan con recortes salariales y un entorno laboral hostil
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
En la recta final de la administración 2021-2024, el DIF Municipal de Tapachula enfrenta acusaciones que apuntan a una grave crisis interna. Los empleados han denunciado irregularidades bajo la dirección de Nora Soto Soto y Gabriel Ventura Alfonso, sugiriendo que la institución desvía los recursos destinados a los más vulnerables para beneficio propio. Esta situación pone en tela de juicio la ética de los directivos, y plantea una amenaza para el bienestar de la comunidad.
Los cuestionamientos giran en torno a una presunta red de proveedores fantasmas que, lejos de ofrecer servicios legítimos, parecen ser una fachada para el saqueo de recursos. Esta situación ha llevado a una desesperada carrera por extraer hasta el último recurso disponible. Este tipo de prácticas subraya una falta de responsabilidad y compromiso con la misión fundamental del DIF: proporcionar apoyo y servicios a los más necesitados.
El papel de Gabriel Ventura ha sido criticado, con acusaciones de hostigamiento y despidos injustificados que han afectado a al menos ocho empleados. Entre ellos se encuentran profesionales de áreas críticas, como terapia y cuidado de la tercera edad, cuyos despidos han sido acompañados por la reducción de compensaciones y condiciones laborales deplorables. Este tipo de acoso laboral pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales para la comunidad.
Además, la contratación de la agencia de publicidad “Astro Márquetin” añade una capa adicional de sospecha. La falta de presencia verificable de esta empresa en redes sociales y registros oficiales plantea serias dudas sobre la transparencia de los procesos de contratación. La opacidad en este aspecto podría indicar un intento de encubrir malversaciones o conflictos de interés.
En medio de estas acusaciones, la demanda de una investigación independiente se vuelve crucial. La comunidad y los empleados del DIF exigen claridad y justicia antes de que la administración actual concluya. Una auditoría rigurosa es esencial para restaurar la confianza en la institución y garantizar que los recursos sean utilizados de manera adecuada y transparente.
