Desde febrero, la violencia contra indocumentados en Tapachula ha incluido homicidios con
armas de fuego y ataques con armas blancas
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
Tapachula se enfrenta a una escalada alarmante de violencia dirigida contra migrantes, con al
menos 13 asesinatos documentados en lo que va del año. Esta oleada de ataques, perpetrada con
armas de fuego y otros métodos brutales, resalta una crisis humanitaria y de seguridad que exige
una respuesta urgente y eficaz. Los recientes informes de las autoridades de seguridad revelaron
el grave riesgo al que se enfrentan los migrantes en esta región.
Desde el 2 de febrero, un guatemalteco fue asesinado en el Centro Botanero El Laurelito, en el
Ejido La Libertad, la violencia contra los migrantes ha ido en aumento. En marzo, otro ataque
armado resultó en la muerte de tres ecuatorianos y dejó a otros tres heridos, mientras que ese
mismo mes, una mujer haitiana fue hallada asesinada en un basurero clandestino. Estos eventos
exhiben un patrón de agresión sistemática que inquieta a los grupos de derechos humanos.
El 28 de julio, el patrón de violencia continuó con un ataque armado que dejó dos hondureños
muertos y cuatro heridos, lo que demuestra una tendencia preocupante de violencia que se
extiende más allá del uso de armas de fuego. Estos incidentes manifiestan una falta de protección
adecuada para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
A pesar de las graves cifras y la creciente preocupación por la seguridad, las investigaciones
avanzan con lentitud. Las autoridades mexicanas han abierto carpetas de investigación para cada
uno de los homicidios, pero hasta el momento no se han anunciado detenciones significativas.
Este estancamiento en la justicia perpetúa la impunidad y reduce la búsqueda de justicia efectiva.
Honduras ha sido el único país que ha elevado una demanda explícita al Gobierno mexicano,
exigiendo una investigación exhaustiva y la detención de los responsables de estos crímenes. Este
llamado a la acción destaca la necesidad de una cooperación internacional más robusta para
abordar la violencia contra los migrantes y proteger sus derechos.
