Se han implementado medidas de protección para la víctima y su familia
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
En otro acto de violencia que subraya la peligrosa realidad de ser periodista en México,
Ariel Grajales Rodas, director del portal de noticias Villaflores.com, fue víctima de un
atentado en su propio hogar durante la madrugada del miércoles 21 de agosto. Sujetos
armados irrumpieron en su domicilio, ubicado en el barrio Esquipulas de Villaflores, y le
dispararon, dejándolo gravemente herido.
La Fiscalía General del Estado de Chiapas, a través de la Fiscalía del Distrito Fraylesca,
confirmó que recibió una llamada al 911 alertando del ataque. Grajales Rodas fue
trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde su estado de salud ha sido reportado
como grave, según versiones extraoficiales. No obstante, la información oficial difundida
por las autoridades indica que su estado es estable, después de haber recibido atención
médica.
Ante la gravedad del incidente, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha iniciado una carpeta
de investigación por el delito de homicidio en grado de tentativa. La investigación está
siendo conducida por la Fiscalía de Derechos Humanos, con la colaboración de la Dirección
para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos. Esta
entidad se encargará de desarrollar las investigaciones necesarias para esclarecer los
hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
Además, se han implementado medidas de protección para Ariel Grajales Rodas y su
familia, a solicitud de la Fiscalía de Distrito Fraylesca. Estas medidas incluyen la vigilancia
permanente por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), la
Policía de Investigación (PDI) y la Policía Municipal de Villaflores. Las autoridades locales
han expresado su compromiso de garantizar la seguridad del periodista y su familia
mientras avanza la investigación.
Elementos de la Policía de Investigación y de Servicios Periciales también acudieron al
hospital donde se encuentra Grajales Rodas, para recabar información que pueda ser útil
en la identificación y captura de los responsables.
Este ataque se da en medio de una escalada de violencia en Chiapas, donde la situación se
ha agravado con al menos 10 bloqueos en la carretera federal 211, atribuidos a la disputa
territorial entre dos organizaciones criminales.
La violencia en la Sierra fronteriza ha generado un clima de inseguridad que afecta tanto a
la población local como a los periodistas que informan sobre estos conflictos. Las
autoridades aún no han proporcionado más detalles sobre los responsables ni el motivo
detrás de este atentado, mientras que la región sigue sumida en una crisis de seguridad
creciente.
La Alianza de Medios MX, por su parte, condenó el ataque perpetrado contra el
comunicador y lo consideró un ataque directo a la libertad de expresión y al derecho de la
sociedad a estar informada. Además, resaltó que en los últimos seis años han sido
asesinados tres periodistas en Chiapas en circunstancias violentas.
“Exigimos a las autoridades locales y nacionales que se esclarezca este caso con la mayor
celeridad posible. Es imperativo que las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General del
Estado (FGE) se conduzcan con rigor y transparencia, para garantizar que los responsables
de este ataque sean llevados ante la justicia”, se lee en el comunicado.
CONTEXTO DE VIOLENCIA Y AMENAZAS A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Chiapas atraviesa una de las crisis más graves de su historia reciente, marcada por el
incremento de la violencia relacionada con células delictivas y disputas territoriales que
han transformado la región en un campo de batalla. La intensificación de los
enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, ha derivado en una crisis
humanitaria que ha dejado a miles de personas desplazadas y un alarmante número de
fallecidos.
Desde el inicio de 2024, la violencia entre estas células ha causado estragos en el
municipio de Frontera Comalapa, una zona estratégica para actividades ilícitas. Según
reportes, más de tres mil personas han sido desplazadas de sus hogares en lo que va del
año. Las familias, aterradas por la violencia, han abandonado sus comunidades en busca
de seguridad, a menudo sin destino claro y con recursos limitados. La situación es crítica,
toda vez que las autoridades locales se han visto superadas por la magnitud del conflicto,
y la ayuda humanitaria llega de manera irregular e insuficiente.
En este contexto de caos y violencia, el 7 de agosto un grupo de hombres armados, que se
identificaron como autodefensas, sembró el terror en varios municipios de la región Norte
de Chiapas. Encubiertos con pasamontañas y fuertemente armados, estos hombres se
desplazaron en camionetas y vehículos compactos por localidades como Rayón, Tapilula,
Ixhuatán, Solosuchiapa y Pueblo Nuevo Solistahuacán, entre otros.
Según el material visual difundido en redes sociales, los denominados autodefensas
advirtieron a la población que su objetivo es “limpiar la zona”. Los videos muestran a estos
hombres recorriendo las calles, gritando consignas y exigiendo la salida de cualquier
persona vinculada a la delincuencia. La presencia de estos grupos ha generado un clima de
miedo e incertidumbre en las comunidades afectadas, donde los habitantes temen quedar
atrapados entre el fuego cruzado de los grupos criminales y las acciones de las
autodefensas.
La respuesta del Gobierno estatal ha sido cuestionada por su aparente ineficacia para
contener la violencia y proteger a los civiles. Aunque se han desplegado elementos de
seguridad en algunas áreas conflictivas, el control territorial de los grupos del crimen sigue
siendo una realidad palpable, y los enfrentamientos entre grupos criminales continúan
cobrando vidas.
La comunidad internacional ha comenzado a mostrar preocupación por la situación en
Chiapas, con organizaciones de derechos humanos alertando sobre las graves violaciones
que están ocurriendo. Denuncian que la falta de acción efectiva por parte del Estado ha
permitido que la violencia escale a niveles sin precedentes, afectando gravemente a las
poblaciones indígenas y campesinas, que históricamente han sido vulnerables a los
conflictos armados y la criminalidad.
El desplazamiento forzado se ha convertido en una tragedia cotidiana en Frontera
Comalapa y otros municipios de la región. Las familias desplazadas enfrentan una
situación desesperada, muchas veces sin acceso a servicios básicos, refugios adecuados o
protección. Además, la pérdida de tierras y medios de subsistencia pone en riesgo la
seguridad alimentaria y el bienestar de las comunidades, agravando la crisis.
En medio de este escenario sombrío, los ciudadanos se encuentran atrapados en un ciclo
de violencia que parece no tener fin. La aparición de grupos de autodefensa añade una
nueva capa de complejidad al conflicto, puesto que estos grupos, aunque se presentan
como protectores de la población, operan al margen de la ley y podrían contribuir a una
espiral de violencia aún mayor.
La necesidad de una intervención efectiva por parte del Gobierno federal y estatal es
urgente. Se requieren medidas contundentes para restaurar el orden, garantizar la
seguridad de los habitantes y atender a las miles de personas que han sido desplazadas
por la violencia. Asimismo, es imprescindible que la comunidad internacional mantenga su
atención sobre Chiapas, para que la crisis humanitaria que vive esta región no quede en el
olvido y se tomen las acciones necesarias para poner fin a la violencia y proteger a la
población civil.
Este atentado no es un hecho aislado, sino que se inserta en un contexto de creciente
violencia contra periodistas chiapanecos y en el resto de México. En los últimos meses, la
región ha sido escenario de múltiples incidentes violentos relacionados con la disputa de
territorios entre grupos criminales.
Compañeros de Ariel Grajales Rodas han manifestado públicamente que el ataque tiene
como objetivo “callar su voz”. Si bien no se ha confirmado la participación de grupos del
crimen organizado en el atentado, estos grupos han sido señalados en otras agresiones
recientes contra comunicadores en el estado.
La labor de Grajales Rodas como periodista ha sido crucial en la cobertura de temas
sensibles en la región. Recientemente, había reportado sobre el desalojo de campesinos
por parte del Ejército Mexicano en la cabecera municipal de Jaltenango, Chiapas, quienes
denunciaban ser víctimas de extorsiones y presiones por parte de organizaciones
criminales.
El ataque contra Ariel Grajales Rodas ocurre apenas unos meses después del asesinato de
otro periodista chiapaneco, Víctor Alfonso Culebro Morales, director del portal de noticias
Realidades. El cuerpo de Culebro Morales, quien también era hijo de un prominente
político local, fue hallado sin vida en una carretera entre los municipios de Arriaga y
Jiquipilas el pasado mes de junio. Culebro Morales fue encontrado atado de pies y manos,
con la cabeza cubierta y signos evidentes de tortura, lo que pone de relieve la brutalidad
de la violencia dirigida contra los comunicadores en la región.
Estos incidentes subrayan la peligrosa situación a la que se enfrentan los periodistas en
Chiapas, donde la violencia por el control del territorio se ha intensificado en las últimas
semanas. Los grupos armados que disputan el control de la región han obligado a los
habitantes a participar en sus actividades delictivas, incluyendo la instalación de bloqueos
en carreteras y la expulsión de sus hogares.
La violencia no solo ha afectado a periodistas, sino que también ha provocado una crisis
humanitaria en la región. Municipios como La Concordia, Tuxtla Gutiérrez y Comitán se
han visto gravemente afectados por los enfrentamientos entre grupos armados, lo que ha
llevado a miles de personas a abandonar sus hogares. Se estima que al menos cuatro mil
500 personas han sido desplazadas a regiones colindantes, donde se han establecido
refugios temporales. Además, las autoridades han reportado que muchos mexicanos han
optado por cruzar la frontera hacia Guatemala en busca de seguridad.
El ataque a Ariel Grajales Rodas es un recordatorio doloroso de los riesgos que enfrentan
los periodistas en México, especialmente en regiones como Chiapas, donde la violencia y
la impunidad son una constante. La respuesta de las autoridades será crucial no solo para
garantizar la justicia en este caso, sino también para enviar un mensaje claro de que la
libertad de expresión debe ser protegida a toda costa.
Mientras las investigaciones continúan, la comunidad periodística en Chiapas y en todo
México observa con atención, esperando que este atentado no quede impune y que se
tomen medidas efectivas para proteger a quienes, como Ariel Grajales Rodas, arriesgan
sus vidas por informar al público.
La situación en Chiapas es un claro ejemplo de cómo la violencia relacionada con el
narcotráfico puede desestabilizar regiones enteras, causando sufrimiento humano a gran
escala y poniendo en riesgo la paz y la seguridad de sus habitantes. Sin una intervención
decisiva y coordinada, el futuro de Chiapas seguirá marcado por el miedo, el
desplazamiento y la pérdida de vidas humanas.
