Lo que era una promesa de mejora en el transporte público se transformó a un escándalo por
presunto robo
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
En Tapachula, un grupo de ciudadanas ha decidido alzar la voz contra un supuesto caso de
corrupción que involucra a un transportista local y a un líder de una organización estatal. La
denuncia, presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE), ha sacado a la luz un esquema de
fraude que pone en tela de juicio la integridad del sistema de concesiones de transporte en
Chiapas.
El centro de la controversia radica en las acusaciones contra Eliseo Velázquez, transportista de
Tapachula, y, el líder de la Cottech, Flavio López Monzón, quienes, según las denunciantes,
solicitaron grandes sumas de dinero a cambio de concesiones de taxis. Estas concesiones, según
las implicadas, estaban garantizadas gracias a sus supuestos contactos con altos funcionarios. Sin
embargo, la realidad ha demostrado ser muy distinta, dado que dejaron a las afectadas con
documentos que ahora parecen ser simples pruebas de un engaño.
La representante de las agraviadas, Isabel Méndez Hernández, del grupo Mujeres en Movimiento
por la Liberación Nacional, descubrió que la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) no cobra
por los trámites que gestionaban Velázquez y López Monzón. Esta revelación no solo evidencia la
presunta estafa, sino que también resalta una preocupante falta de confianza en las instituciones
encargadas de regular el transporte en el estado.
A medida que la frustración de las afectadas crecía, decidieron llevar el caso a la Secretaría de
Movilidad y Transporte (SMyT), donde se les confirmó que los trámites se realizan a través de la
Secretaría de Hacienda, sin intermediarios. Este hallazgo no solo desacredita a los presuntos
estafadores, sino que también pone en evidencia las lagunas en la vigilancia de los procesos
administrativos.
El caso, que ya cuenta con un expediente penal, ha puesto en jaque la reputación de las
instituciones involucradas. Isabel Méndez Hernández confía en que la FGE hará justicia. Este caso
es un recordatorio de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la
administración pública, en especial en sectores tan cruciales como el transporte.
