CEDH enfrenta limitaciones mientras la entidad lucha por responder a demandas cada vez más
complejas
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
El primer semestre de 2024 ha dejado una inquietante marca en Chiapas, con la apertura de dos
mil 500 expedientes por quejas de la población. Este aumento, destacado por el presidente de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Juan José Zepeda Bermúdez, evidencia una
tensión entre la ciudadanía y las instituciones públicas. Más allá del conteo de casos, este
fenómeno refleja un profundo descontento social y una percepción de ineficacia en la protección
de los derechos fundamentales.
Zepeda Bermúdez subrayó que, a pesar del incremento en las quejas, más de dos mil casos fueron
resueltos sin necesidad de recomendaciones formales, gracias a la mediación. No obstante, esta
aparente eficiencia plantea cuestionamientos sobre las raíces de los problemas en la entidad. La
insistencia en evitar recomendaciones sugiere un enfoque que prioriza la resolución rápida sobre
la prevención a largo plazo.
El desplazamiento interno en Chiapas es uno de los temas que más preocupa a la CEDH. A pesar de
contar con una ley pionera en la materia, las acciones del Gobierno parecen insuficientes frente a
la magnitud del problema. Las familias desplazadas, provenientes de regiones como la Sierra y Los
Altos, viven en condiciones precarias, y aunque la Secretaría de Protección Civil ha brindado
asistencia, la solución real está lejos de alcanzarse.
La crisis migratoria añade otra capa de complejidad. La entidad, al ser un estado con alta movilidad
de personas extranjeras, enfrenta el reto de garantizar la protección de los derechos de los
migrantes. La reciente legislación que prohíbe la separación de familias ha cambiado las dinámicas
en los albergues, pero las condiciones siguen siendo cuestionables, en especial en términos de
atención médica.
En conjunto, el aumento de quejas y los desafíos relacionados con el desplazamiento y la
migración muestran un panorama en el que el territorio se debate entre medidas reactivas y la
necesidad de una reforma estructural. La capacidad de las instituciones para adaptarse y
responder a estas demandas será clave en los próximos meses.