300 mil alumnos no pudieron volver a las aulas por presencia del crimen organizado
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
La creciente ola de violencia en la zona fronteriza de Chiapas, impulsada por las disputas
entre células delictivas, ha sumido a la región en una profunda crisis. Este conflicto no solo
ha afectado la seguridad de los habitantes, sino que también ha provocado un alarmante
nivel de deserción escolar. A pesar de que el ciclo escolar 2024-2025 comenzó
oficialmente el pasado 26 de agosto, alrededor de 300 mil alumnos de preescolar,
primaria y secundaria no pudieron regresar a las aulas, sin una fecha clara para retomar
sus estudios.
El impacto de la violencia en Chiapas es devastador. Más de 10 mil habitantes de los
municipios más afectados, como Chicomuselo, Amatenango de la Frontera, La Concordia,
Ángel Albino Corzo, Berriozábal y Coita, han sido desplazados de sus hogares, huyendo del
terror impuesto por las organizaciones criminales. Esta situación ha dejado a miles de
estudiantes sin la posibilidad de asistir a la escuela, generando una deserción escolar sin
precedentes.
Según la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el abandono
escolar en estos municipios es alarmante. La inseguridad ha obligado a padres de familia a
retirar a sus hijos de las instituciones educativas por temor a que sean víctimas de la
violencia o sean reclutados por el narcotráfico. Este fenómeno, además de truncar el
futuro de miles de niños y jóvenes, está sembrando las semillas de una generación
perdida en la región.
La violencia no solo ha afectado a los estudiantes, sino también a los docentes. Reportes
de la Comisión Política de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 de la CNTE
indican que varios maestros han sido víctimas de desaparición y homicidios. Las amenazas
contra el personal educativo son constantes, y el temor se ha arraigado profundamente
entre aquellos que se dedican a la enseñanza en estos municipios.
El recrudecimiento de la violencia ha llevado a muchos maestros a renunciar o a solicitar
traslados a zonas más seguras. Sin embargo, la falta de respuesta de las autoridades
agrava la situación. La Secretaría de Educación en Chiapas no ha implementado medidas
concretas para garantizar la seguridad de los docentes, quienes prefieren mantenerse en
silencio para evitar represalias.
A pesar de la gravedad de la situación, las autoridades estatales han mostrado una
preocupante pasividad. La Secretaría de Educación Pública (SEP) en Chiapas ha informado
que más de un millón 800 mil estudiantes de educación básica regresaron a clases en la
entidad, pero esta cifra oculta la realidad en la zona fronteriza, donde la educación se ha
visto interrumpida por la actividad criminal.
Los académicos han expresado su preocupación por la falta de acciones concretas por
parte del Gobierno para proteger a la comunidad educativa. La inacción gubernamental
no solo pone en riesgo la vida de estudiantes y maestros, sino que también amenaza con
perpetuar el ciclo de violencia y pobreza en la región.
La crisis en la zona fronteriza de Chiapas es un recordatorio doloroso de los efectos
devastadores de la violencia en la vida cotidiana de las personas. La imposibilidad de que
300 mil alumnos regresen a las aulas no solo afecta su presente, sino que compromete el
futuro de toda una región. Es urgente que las autoridades tomen medidas decisivas para
proteger a la comunidad educativa y garantizar que la educación, uno de los pilares
fundamentales de cualquier sociedad, no sea víctima de delitos. El tiempo apremia, y con
cada día que pasa, se pierden más oportunidades para los niños y jóvenes de Chiapas.
En un contexto de creciente violencia e inseguridad que azota las comunidades de
Chiapas, un grupo de obispos de la región, en conjunto con representantes eclesiásticos
de Guatemala, ha alzado la voz en un enérgico llamado dirigido tanto a las autoridades
como a los grupos criminales que operan en la entidad. A través de un comunicado, los
obispos han solicitado la intervención inmediata de los tres órdenes de Gobierno en
México para atender la alarmante situación de violencia, y han hecho un llamado directo a
los criminales para que cesen las acciones que han sembrado el terror en la población.
El mensaje de los obispos es claro y contundente: es urgente que las autoridades no solo
reconozcan la magnitud del problema, sino que también se acerquen a las comunidades
afectadas para constatar de primera mano lo que sus habitantes han construido con
esfuerzo y colaboración, a pesar de la constante amenaza de los grupos criminales. “Es
imprescindible que los funcionarios de todos los órdenes de Gobierno visiten las
comunidades para ver lo que los pobladores han logrado a pesar de la violencia”, señala el
comunicado.
La petición de los obispos está dirigida a las autoridades municipales, estatales y federales,
a quienes se les demanda una respuesta firme y efectiva ante la crisis de inseguridad que
predomina en Chiapas. Los obispos insisten en la necesidad de que las autoridades tomen
medidas concretas para desarmar a los grupos criminales que han convertido a diversas
regiones del estado en zonas de conflicto, donde la violencia se ha vuelto parte del día a
día de las comunidades.
En este sentido, el comunicado destaca la importancia de que las autoridades no se
limiten a implementar acciones desde la distancia, sino que se involucren directamente en
las comunidades. La proximidad y el contacto directo con los afectados es esencial para
comprender la realidad que viven los pobladores y para diseñar estrategias de seguridad
que verdaderamente respondan a sus necesidades. “Las comunidades han trabajado
arduamente para construir un ambiente de paz y seguridad, y es responsabilidad del
Gobierno proteger esos esfuerzos, desarmando a quienes buscan destruirlos”, subraya el
documento.
En un tono igualmente enérgico, los obispos dirigieron un mensaje directo a los
narcotraficantes, a quienes les imploran que cesen la violencia y el derramamiento de
sangre que han impuesto en la región. “A los violentos, les demandamos ¡Paren! Los seres
humanos no son objeto de deshecho. La vida es sagrada, la sangre derramada clama al
cielo y el corazón no olvida la sangre que nos salpica”, expresan con fuerza.
El comunicado hace un llamado a la conciencia de quienes forman parte de los grupos
criminales, recordándoles el valor intrínseco de la vida humana y condenando el uso de
armas de alto calibre para intimidar y eliminar a aquellos que defienden la vida y el
territorio. Los obispos destacan que la violencia no solo destruye cuerpos, sino que
también deja heridas profundas en el tejido social, en la memoria colectiva de las
comunidades, y en las almas de quienes sobreviven a la violencia. “No podemos ignorar el
dolor y el sufrimiento que la violencia ha causado. Cada vida perdida es una herida en la
humanidad”, señala el comunicado.
Además de abordar el tema de la seguridad, los obispos también se pronunciaron
respecto a las elecciones extraordinarias que se llevaron a cabo recientemente en los
municipios de Chicomuselo y Capitán Luis Ángel Vidal. Desde antes de la jornada electoral,
los líderes eclesiásticos habían solicitado a las autoridades electorales que reconsideraran
la realización de las elecciones en medio de la violencia que afecta a la región. Sin
embargo, a pesar de sus peticiones, las elecciones se llevaron a cabo el pasado fin de
semana.
Los obispos han manifestado su preocupación por la seguridad de los habitantes y por la
legitimidad de un proceso electoral realizado en un entorno tan hostil. Subrayan que la
violencia no solo pone en riesgo la integridad física de los ciudadanos, sino que también
socava la confianza en las instituciones democráticas. En su comunicado, expresan su
temor de que los resultados de estas elecciones puedan verse empañados por el miedo y
la coacción ejercida por los grupos criminales, quienes han demostrado su capacidad para
influir en la vida diaria de las comunidades.
El llamado de los obispos de Chiapas y Guatemala es parte de un esfuerzo más amplio de
la Iglesia Católica por actuar como un mediador en la búsqueda de la paz en regiones
afectadas por la violencia en México y Centroamérica. A lo largo de los años, la Iglesia ha
desempeñado un papel crucial en la promoción de la justicia social y la protección de los
derechos humanos, especialmente en comunidades vulnerables y marginadas. Este
reciente comunicado se enmarca en esa tradición de defensa de la vida y la dignidad
humana.
Los obispos han expresado su disposición para colaborar con las autoridades y con otras
organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda de soluciones pacíficas al conflicto. Sin
embargo, también han dejado claro que la responsabilidad principal recae en el Gobierno,
que debe tomar acciones decisivas para proteger a sus ciudadanos y restaurar la paz en las
comunidades afectadas.
El comunicado de los obispos de Chiapas y Guatemala es un recordatorio urgente de la
gravedad de la situación en la región y de la necesidad de una respuesta inmediata y
efectiva por parte de las autoridades. Su llamado a la paz, dirigido tanto a los
narcotraficantes como a los gobiernos, resuena con fuerza en un momento en que la
violencia ha alcanzado niveles alarmantes y la seguridad de las comunidades está en
riesgo.
En un escenario donde la vida humana se ha vuelto desechable para quienes empuñan las
armas, la voz de los obispos se alza como un faro de esperanza, llamando a la reflexión y a
la acción. Su mensaje es claro: es hora de poner fin a la violencia, de proteger la vida y de
trabajar juntos por un futuro de paz y seguridad para todos los habitantes de Chiapas y las
regiones aledañas.
La demanda de los obispos es más que un llamado; es un clamor que no puede ser
ignorado si se desea un futuro en el que la vida y la dignidad humana sean
verdaderamente respetadas. La respuesta de las autoridades y de los grupos criminales
determinará el rumbo que tome esta región en los próximos años, y si las esperanzas de
paz podrán finalmente convertirse en realidad.
