El atentado al comunicador expone una red de violencia que doblega la labor comunicativa estatal
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
El atentado contra Ariel Grajales Rodas en Villaflores marcó un nuevo capítulo en la espiral de violencia que envuelve al periodismo en Chiapas. Mientras el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) instó a una investigación exhaustiva, la indiferencia oficial ha permitido que el miedo sea el lenguaje cotidiano para los comunicadores, en especial aquellos que se atreven a exponer casos de corrupción y el crimen organizado.
La situación refleja un panorama donde la impunidad predomina. Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una investigación, la falta de respuestas concretas genera dudas sobre la efectividad de sus acciones. El atentado contra Grajales, quien acababa de reportar sobre extorsiones a comerciantes, deja ver un patrón preocupante: el de silenciar a quienes denuncian la inseguridad local, convirtiendo a la prensa en un blanco fácil y desprotegido.
Más allá del ataque, este caso subraya la necesidad urgente de un cambio en la estrategia de protección para periodistas. Los mecanismos actuales, como el ofrecimiento de seguridad a Grajales y su familia, parecen ser momentáneos en un entorno donde la prevención brilla por su ausencia. La amenaza no termina con asignar protección; se requiere un compromiso firme de las autoridades para investigar y castigar a los agresores.
El caso de Grajales ilustra un problema mayor: la desprotección estructural que enfrentan los periodistas en México, en específico en zonas con altos índices de violencia. No se trata solo de proteger individuos, sino de salvaguardar el derecho a informar sin represalias.
La comunidad periodística y organismos internacionales observan este caso como un termómetro del compromiso de México con la libertad de prensa. El ataque contra Ariel Grajales es un recordatorio brutal de los riesgos de ejercer el periodismo en un país donde la verdad puede costar la vida. El llamado es claro: investigar, proteger y, sobre todo, garantizar el acceso a la justicia.
