La interrupción en el servicio de mototaxis fue pausada tras amenazas que circularon en audios
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
La fallida operación de supervisión de mototaxis en Mezcalapa reveló una creciente crisis de seguridad y control en la región. La Secretaría de Movilidad y Transporte intentó regular la operación de estas unidades, al buscar frenar la conducción de menores de edad tras una serie de denuncias ciudadanas. Sin embargo, las amenazas recibidas vía WhatsApp demostraron que los operadores informales no solo se resisten a la regulación, sino que están dispuestos a usar la intimidación y la violencia para defender su territorio.
El delegado regional, Federico de Jesús Infante, reconoció que el operativo se detuvo debido a un ambiente de riesgo incontrolable. Lo que debía ser una supervisión rutinaria se convirtió en un peligro latente para los inspectores, que apenas lograron retirar una unidad sin documentos antes de verse forzados a abandonar el área. Esta reacción deja en evidencia la falta de un plan de contingencia efectivo para enfrentar estas situaciones de amenaza directa.
El mensaje que circuló en redes sociales, que llamaba a agredir a las autoridades, evidencia un vacío de seguridad en las calles de Mezcalapa. Las amenazas se convirtieron en la principal arma de los conductores, al demostrar que la falta de control y regulación alimenta un ciclo de violencia que afecta tanto a usuarios como a operadores formales e informales del transporte público.
Más allá de los mototaxis, el incidente expone una problemática más amplia: la incapacidad de las instituciones para implementar medidas de control sin enfrentar resistencia violenta. La suspensión del operativo subraya la necesidad urgente de estrategias que integren no solo la supervisión documental, sino también un abordaje más profundo sobre la seguridad de los inspectores y la legalidad del transporte en zonas vulnerables.
Este episodio es un recordatorio de los desafíos en la regulación del transporte informal y la creciente sensación de impunidad que impera en algunas comunidades. Para las autoridades, el reto ahora no solo es retomar los operativos, sino hacerlo con un enfoque que contemple la seguridad integral y la restauración de la legalidad en un contexto marcado por la intimidación y el desorden.