La mitad de habitantes enfrenta carencias en vivienda, servicios básicos y salud
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
La falta de seguridad social no es solo un dato más en las estadísticas de la entidad; es un reflejo
de una realidad que afecta a una gran parte de su población. Con un 77.9 por ciento de los
habitantes sin acceso a ningún sistema de protección social, según el reciente informe del Consejo
Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Chiapas se encuentra entre
los estados más afectados por esta carencia con altos niveles de pobreza y carencia social.
A pesar de contar con instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que deberían
garantizar un mínimo de seguridad y bienestar, el acceso a estos servicios sigue siendo un
privilegio limitado a pocos. En un estado con más de dos millones de personas económicamente
activas, apenas 259 mil tienen acceso a la salud.
Este reducido número contrasta de manera impactante con las cifras de pobreza extrema y falta
de servicios básicos en la entidad, donde el 66.1 por ciento de la población no cuenta con acceso a
servicios de salud y más del 50 por ciento carece de servicios básicos en su vivienda.
La falta de cobertura social no solo refleja un problema económico, sino también uno estructural.
Las estadísticas pintan una imagen de un sistema que no ha logrado cerrar las brechas de
desigualdad en Chiapas, donde la pobreza se arraiga y se perpetúa de generación en generación.
Sin acceso a servicios de salud y con viviendas que no cumplen con los estándares básicos de
calidad, la población enfrenta una lucha constante por sobrevivir. Además, la falta de seguridad
social deja a millones vulnerables ante enfermedades, accidentes o desempleo, lo que convierte
cualquier adversidad en una amenaza devastadora.
Es evidente que el desafío va más allá de simplemente asegurar a más personas en el IMSS o el
ISSSTE. Se requiere una revisión integral de las políticas públicas que aborden las causas profundas
de esta marginación y garanticen un acceso más equitativo a los derechos fundamentales de todos
los chiapanecos.
