Conviertieron un bloqueo en peaje forzoso, al imponer cuota a automovilistas bajo usos y costumbres
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
A solo 22 días de que termine la administración municipal, la tensión social se ha intensificado al máximo. Este lunes, desde las primeras horas de la mañana, habitantes de la Región Ocotal y contratistas decidieron bloquear las entradas a Altamirano, Palenque y San Cristóbal de Las Casas. El motivo: exigir el pago de obras públicas pendientes, una deuda que, aseguran, se encuentra en riesgo de quedar en el olvido ante el cambio de autoridades.
La manifestación no solo refleja el enojo de los contratistas por los adeudos. Según ellos, la administración saliente ha priorizado los pagos a proveedores cercanos, esto deja afuera a muchos que no cuentan con el mismo acceso a influencias. La preocupación va más allá de lo económico; temen que, con la llegada del nuevo Gobierno, los compromisos financieros sean desconocidos, lo que agravaría su situación y dejaría en la ruina a varios pequeños contratistas.
Sin embargo, la situación escaló de la protesta pacífica a la confrontación violenta. Alrededor de las 11:00 de la mañana, un grupo de transportistas armados con palos y machetes llegó hasta el tramo Ocosingo-Altamirano, donde estaban los manifestantes. El enfrentamiento entre ambos grupos no se hizo esperar, lo que provocó caos y sembró aún más incertidumbre entre los habitantes de la región, quienes ven cómo las disputas por los recursos públicos culminan en actos de violencia.
Tras el conflicto, los manifestantes, lejos de disolver el bloqueo, adoptaron una táctica diferente: convirtieron la protesta en un “boteo” o peaje forzoso, al cobrar 100 pesos a cada automovilista para permitirles el paso. Esta medida, que justificaron como parte de los “usos y costumbres”, añadió una nueva capa de tensión a la ya volátil situación, y pone de manifiesto el malestar generalizado por el incumplimiento de compromisos por parte de las autoridades.
Los habitantes y contratistas han dejado claro que no se irán sin recibir lo que consideran justo, mientras que el riesgo de nuevos enfrentamientos permanece latente. Las autoridades deberán actuar con rapidez y sensatez si desean evitar una escalada mayor en esta crisis, que ya ha afectado la estabilidad de varias comunidades chiapanecas.
