Varios funcionarios están implicados en un escándalo por venta de documentos migratorios y
extorsión, según activistas
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
La revelación sobre la nueva titular del Instituto Nacional de Migración (INAMI) en Chiapas, Farah
Gertrudis Cerdio, ha puesto al descubierto una compleja red de corrupción dentro de la
institución. La investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada
(FEMDO) informó que Cerdio, apodada “La Flaca Farah”, lideraría un grupo criminal especializado
en tráfico de migrantes y venta de documentos en la región.
El escándalo no solo afecta a Cerdio, sino que también involucra a varios agentes de migración en
Chiapas, quienes, bajo las órdenes del coordinador general de delegaciones, Héctor Leoncio
Martínez Castuera, habrían establecido una red de extorsión. La existencia de una estructura tan
amplia plantea serias preguntas sobre la supervisión y los mecanismos de control dentro del
INAMI.
Más allá de los titulares, esta situación resalta un problema crítico en la política migratoria del
país. Las víctimas, principalmente migrantes, enfrentaron condiciones desoladoras. En lugar de
recibir la asistencia y protección necesarias, son abandonados y explotados, lo que agrava su
vulnerabilidad y riesgo al ser engañados con promesas de transporte seguro hacia el norte de
México.
Además, la crisis ha tenido efectos colaterales significativos en las comunidades locales. El
descontento y la desconfianza hacia las instituciones se han intensificado, lo que exhibe una crisis
de gestión que afecta tanto a migrantes como a residentes. El deterioro de la seguridad y el
impacto social en los municipios fronterizos demuestran que las fallas del INAMI tienen un alcance
mucho mayor del inicialmente previsto.
La investigación sobre Farah Cerdio podría ser el punto de partida para una reforma necesaria en
el INAMI. La exposición de esta red de corrupción pone en evidencia la urgente necesidad de
revisar y fortalecer los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, para evitar que casos
similares pongan en riesgo a migrantes y comunidades locales en el futuro.
