La falta de capacitación y fallos en investigaciones, dejan a muchas víctimas sin justicia
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
En Chiapas, la lucha por visibilizar la violencia de género se enfrenta a un obstáculo mayor: la negligencia en el seguimiento de los protocolos de investigación para feminicidios. La activista y miembro de la colectiva feminista Colem A.C., Martha Figueroa Mier, denunció que las autoridades clasifican las muertes violentas de mujeres como accidentes o suicidios, evadiendo la obligación de investigarlas como posibles feminicidios. Este problema refleja una falta de voluntad para reconocer la verdadera magnitud de la violencia que sufren las mujeres en el estado.
La situación es alarmante. No se trata de un fallo burocrático, sino de un sistema que perpetúa la impunidad. Figueroa Mier señaló que, en muchos casos, es más fácil para las autoridades culpar a las víctimas de su propia muerte que investigar de forma adecuada. Las fallas en la integración de las carpetas de investigación y la falta de capacitación del personal solo empeoran la situación, lo que deja a las víctimas sin justicia y a los agresores sin castigo.
Un caso emblemático es el de Guillermina Barrios López, cuya muerte fue clasificada como suicidio. Solo tras un juicio se pudo demostrar que fue asesinada por su pareja, quien fue condenado a 60 años de prisión. Este ejemplo evidencia cómo las instituciones ignoran o minimizan las señales de violencia de género.
La problemática va más allá de la simple falta de rigor en las investigaciones. Según Figueroa Mier, tanto Gobierno federal como el estatal han adoptado una política pública que niega la realidad de la violencia de género. Al reducir las cifras de feminicidios y manipular los datos, las autoridades ocultan la dimensión real de la crisis. Este patrón se repite a nivel nacional, con la desaparición forzada de miles de personas como otro ejemplo de un estado que evade su responsabilidad.
Es urgente que las autoridades en Chiapas reconozcan la gravedad del problema y sigan los protocolos de investigación. No se puede permitir que la violencia contra las mujeres quede encubierta bajo la apariencia de accidentes o suicidios. La invisibilización de los feminicidios es una forma de complicidad, y cada caso mal registrado es una oportunidad perdida para hacer justicia.
