Cinco ejidos se unieron en una sola voz para pedir mayor vigilancia y seguridad en los tramos carreteros federales
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
Ayer martes, alrededor de 18 mil habitantes de diversos ejidos del municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, se congregaron en una multitudinaria marcha pacífica, exigiendo paz y seguridad para sus municipios. La movilización, que inició en el desvío Nuevo México y culminó en el Parque Central de la cabecera municipal, refleja la creciente preocupación de los pobladores ante la ola de violencia que ha azotado esta localidad fronteriza con Guatemala.
Vestidos de blanco, hombres, mujeres e incluso menores de edad caminaron aproximadamente seis kilómetros clamando justicia y seguridad. Las consignas de los manifestantes evidenciaban el descontento y la angustia que sienten ante la creciente inseguridad. Según informes del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, más de tres mil personas han sido desplazadas en Frontera Comalapa debido a la violencia y la criminalidad que prevalece en la zona.
Los ejidos San Juan Carisal 1, Nueva Revolución, Nuevo Mazapa, Costa Rica y Santa Rosa se unieron en una sola voz, exigiendo a los tres órdenes de Gobierno que garanticen la paz y seguridad para todos los habitantes. Estos ejidos, considerados de alto riesgo, se encuentran en una región que ha visto un incremento en la violencia, lo que hace aún más urgente su petición.
Uno de los puntos clave de la protesta fue la solicitud de mayor vigilancia y seguridad en los tramos carreteros federales, como el que conecta Comalapa con Motozintla, especialmente en la cabecera municipal de Amatenango-Mazapa de Madero. Los habitantes también demandaron la intervención de las autoridades federales para reforzar la seguridad en la carretera Chamic-Trinitaria hacia Comitán, donde se han registrado desapariciones y robos de vehículos en las últimas semanas.
Frente al Palacio Municipal de Frontera Comalapa, los manifestantes realizaron un mitin político en el que exigieron la intervención de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Resaltaron que la movilización tenía como objetivo principal reclamar paz, tranquilidad y seguridad no solo para las familias locales, sino también para las áreas turísticas como los Lagos de Colón y Los Laureles, que antes eran destinos concurridos, pero que ahora sufren la falta de visitantes debido a la violencia.
Un emotivo momento se vivió cuando mujeres, familiares de personas desaparecidas en la carretera Comalapa-Chamic, marcharon portando pancartas con las fotos de sus seres queridos, principalmente hombres, cuya búsqueda sigue inconclusa. Entre lágrimas y con firmeza, clamaban: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Según cifras de la Fiscalía de Justicia de Chiapas, desde 2022 hasta marzo de este año, 59 personas han desaparecido en los municipios fronterizos. En Frontera Comalapa se reportan 24 desaparecidos, en Comitán 20, en La Trinitaria 13, en Amatenango de la Frontera cinco y en Chicomuselo uno. Sin embargo, los familiares aseguran que la cifra real es mucho mayor, evidenciando la gravedad de la situación en la región.
La marcha se realizó tres meses después de un violento enfrentamiento entre grupos criminales en el municipio vecino de Chicomuselo, que provocó el desplazamiento de varias familias hacia Guatemala. “Hoy venimos vestidos de blanco exigiendo paz. Queremos seguridad para nuestro pueblo, por eso estamos unidos. No hay mucha seguridad, pero ya estamos juntos, exigiendo paz en nuestras comunidades y barrios”, declaró Esnaider, uno de los manifestantes.
A pesar de la magnitud de la marcha y de las múltiples peticiones de seguridad, no se observó la presencia de elementos de la Guardia Nacional ni del Ejército Mexicano durante la manifestación. La falta de respuesta gubernamental a las crecientes demandas de protección ha generado un profundo malestar en la población.
Cabe mencionar que, debido a la situación de inseguridad, el pasado 15 de septiembre no se llevó a cabo el tradicional Grito de Independencia en el municipio de Frontera Comalapa, reflejando la crisis de violencia que afecta a la región.
Frontera Comalapa, Chiapas, se ha convertido en una zona crítica en términos de seguridad debido a los alarmantes niveles de violencia generados por la delincuencia organizada. Esta situación ha llevado al desplazamiento de miles de personas, ataques armados y el reclutamiento forzado de jóvenes por parte de los criminales. Desde el 28 de mayo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas ha lanzado una alerta sobre las condiciones de inseguridad que enfrentan los habitantes de este municipio chiapaneco.
Según el comunicado emitido por el Centro, Frontera Comalapa vive una profunda crisis derivada de la espiral de violencia que se ha intensificado en la región en las últimas semanas, violando el derecho a la vida e integridad personal de las comunidades y pueblos. Esta violencia es resultado de la disputa territorial entre grupos armados pertenecientes a la criminalidad, con la aparente complicidad y observancia de los gobiernos municipal, estatal y federal.
La organización ha recibido numerosos informes desde el 25 de mayo, que indican asesinatos en la zona, narcobloqueosen distintos puntos y vialidades, ataques armados y la presencia de caravanas de vehículos que transportan a personas fuertemente armadas. Estas caravanas, según el Centro, están compuestas por vehículos artillados conocidos como “monstruos”, que patrullan las carreteras rurales y las calles como medida de vigilancia.
Entre los fenómenos de violencia más graves que reportó el Centro de Derechos Humanos, se destacan el desplazamiento y el reclutamiento forzado de los habitantes de Frontera Comalapa por parte de las organizaciones criminales que se han establecido en la zona. La violencia ha afectado no solo a las comunidades, sino también a la economía local, creando un ambiente de temor e incertidumbre entre los pobladores.
Ante esta preocupante situación, se espera una respuesta contundente por parte de las autoridades competentes para garantizar la seguridad y protección de los habitantes de Frontera Comalapa. La sociedad civil y las organizaciones defensoras de derechos humanos instan a que se tomen acciones inmediatas para frenar la violencia y restablecer el estado de paz en la región.
Los pobladores de Frontera Comalapa han exigido la liberación de las vías de comunicación que se encuentran bloqueadas por grupos armados que afectan considerablemente la economía de los pueblos. “Dichos bloqueos los mantienen pobladores de cada una de esas regiones, obligados por personas armadas que son de otros estados de la República”, señalaron.
Este panorama crítico resalta la urgencia de un enfoque coordinado y efectivo por parte de los diferentes órdenes de Gobierno, así como la necesidad de un diálogo abierto con las comunidades afectadas para encontrar soluciones duraderas a la crisis de seguridad que ha despojado a muchas familias de su tranquilidad y derechos básicos.
La movilización de los habitantes de Frontera Comalapa es un claro ejemplo de la resistencia y la lucha por la justicia que persiste en la región, mientras que las autoridades deben responder a la creciente demanda de seguridad y protección que clama una población cansada de la violencia y la incertidumbre.
Chiapas, un estado históricamente rico en cultura y biodiversidad, se enfrenta a una de las peores crisis de inseguridad en años recientes. Aunque las estadísticas oficiales ubican a algunas de sus ciudades entre las más seguras de México en términos de percepción de inseguridad, la realidad en muchas de sus comunidades rurales y fronterizas revela un panorama alarmante. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indica que Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, las principales ciudades del estado, ocupan los lugares 14 y 15 respectivamente en la lista de las ciudades con mayor percepción de inseguridad en el país. Sin embargo, en las zonas rurales y fronterizas, el asedio constante de grupos criminales ha transformado la vida diaria en un verdadero estado de alerta y terror.
La violencia en Chiapas ha generado una situación de alerta permanente, especialmente en los municipios que colindan con Guatemala. Las disputas territoriales entre los grupos delictivos, que buscan controlar rutas clave para actividades ilícitas, han dejado a la sociedad civil en medio de un conflicto sin tregua. Muchas familias, buscando escapar de la violencia, han huido hacia Guatemala, lo que ha incrementado el éxodo en la región y ha dejado comunidades prácticamente desiertas. A esto se suman numerosas manifestaciones de ciudadanos que, hartos de la violencia, exigen al Gobierno acciones contundentes para frenar la expansión de los grupos criminales.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno federal, que ha desplegado cientos de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para vigilar la región, la población sigue pidiendo un aumento en la presencia de las fuerzas de seguridad. La percepción generalizada es que las acciones implementadas hasta ahora no han sido suficientes para detener el avance del crimen organizado, que ha impuesto su ley en varias regiones de la entidad.
Uno de los episodios más preocupantes ocurrió el 3 de septiembre de 2024, cuando el alcalde electo de Frontera Comalapa, Aníbal Gallardo, fue secuestrado por un grupo de hombres encapuchados. Gallardo, quien había ganado las elecciones municipales el pasado 2 de junio. Sin embargo, desde el momento de su captura no se ha tenido información sobre su paradero, y su familia sigue exigiendo respuestas de las autoridades locales y estatales.
El secuestro de Gallardo ha puesto en evidencia la profunda penetración del crimen organizado en la política local, y se teme que su caso pueda sentar un precedente peligroso para otros funcionarios electos en la región. Ante la incertidumbre sobre su paradero, el Congreso de Chiapas ha comenzado a discutir la posibilidad de designar un Concejo interino que se haga cargo del Gobierno municipal mientras se esclarece la situación.
A medida que el crimen organizado consolida su control en diversas partes de Chiapas, han aumentado los reportes de desapariciones forzadas y reclutamiento de menores y adultos para engrosar las filas de los grupos delictivos. El 5 de septiembre, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), una coalición de organizaciones de derechos humanos, lanzó una alerta sobre la situación crítica que se vive en Frontera Comalapa. Según la Red TDT, grupos armados han reclutado de manera forzada a niños, jóvenes y hombres adultos en la cabecera municipal, sometiendo a la población a un clima de terror constante.
Esta grave situación ha llevado a la población de Frontera Comalapa y otras zonas a refugiarse en sus hogares, temerosos de ser víctimas de la violencia o el reclutamiento forzado. La Red TDT ha señalado que la falta de respuesta por parte de las autoridades agrava la sensación de vulnerabilidad, y que ni siquiera la presencia del Ejército ha logrado disuadir a los grupos criminales, que continúan operando impunemente en la región.
Desde finales de agosto, la violencia se ha intensificado en la Sierra de Chiapas, especialmente en los municipios de Chicomuselo, Bellavista, y Bejucal de Ocampo. En estos lugares, los enfrentamientos entre facciones del crimen organizado han dejado una estela de muerte y destrucción. En el barrio Reforma, en Bejucal de Ocampo, un grupo armado asesinó a entre cinco y 10 personas, y en los ejidos Emiliano Zapata y San José las Chicharras, en Bellavista, los tiroteos se han vuelto parte de la vida diaria.
El 4 de septiembre, los enfrentamientos se recrudecieron en las afueras de Frontera Comalapa. Los disparos y los gritos de auxilio resonaron en el casco urbano, lo que obligó a los habitantes a encerrarse en sus casas, con un acceso limitado a alimentos y servicios básicos. Todas las rutas de acceso y salida del municipio han sido bloqueadas por los grupos armados, dejando a la población confinada en un estado de asedio permanente.
Uno de los aspectos más inquietantes de esta crisis es la aparente inacción de las fuerzas de seguridad desplegadas en la región. A pesar de la presencia del Ejército Mexicano en zonas conflictivas como Frontera Comalapa, las organizaciones civiles han denunciado que los militares no han intervenido para detener la violencia. La Red TDT ha sido especialmente crítica, señalando que “no existe autoridad alguna que detenga la violencia”, lo que ha permitido que los grupos delictivos continúen aterrorizando a la población sin enfrentarse a consecuencias legales.
El llamado de las organizaciones de derechos humanos es claro: el Gobierno debe intensificar sus esfuerzos para restaurar el orden y proteger a las comunidades vulnerables de Chiapas. De lo contrario, la crisis de inseguridad seguirá cobrando vidas y desplazando a miles de personas, mientras los grupos criminales continúan consolidando su control sobre una de las regiones más importantes de la frontera sur de México.
Chiapas, un estado que alguna vez fue sinónimo de riqueza cultural y biodiversidad, se ha convertido en un territorio asediado por el crimen organizado. La violencia ha alcanzado niveles alarmantes, afectando tanto a las grandes ciudades como a las comunidades rurales y fronterizas. A pesar de los esfuerzos gubernamentales, la población sigue exigiendo mayor seguridad, mientras el miedo y la incertidumbre continúan dominando la vida diaria en muchas partes del estado. La situación en Chiapas requiere una intervención urgente y efectiva por parte de las autoridades para garantizar la paz y seguridad que su gente tanto necesita.
