Autoridades estatales no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las negociaciones para su rescate
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
El alcalde del municipio de Aldama, Chiapas, Alonso Pérez Sántiz, fue secuestrado el jueves pasado en San Cristóbal de Las Casas por un grupo de indígenas tsotsiles, quienes exigen 1.5 millones de pesos para su liberación. Los captores, pertenecientes presuntamente a la comunidad Chayomté, lo vistieron con indumentaria tradicional femenina tsotsil y lo amarraron en una cancha de básquetbol, donde fue obligado a grabar un video solicitando el rescate a las autoridades.
El rapto de Pérez Sántiz ha conmocionado tanto a la región de Los Altos de Chiapas como a la política estatal. Este tipo de eventos refleja una compleja red de tensiones sociales y políticas entre las comunidades indígenas y las autoridades locales, quienes, en muchos casos, operan bajo un sistema de Gobierno por usos y costumbres. En el video, Pérez Sántiz aparece visiblemente afectado, amarrado y vestido con un traje tradicional femenino, mientras ruega que las autoridades entreguen la suma exigida para su liberación. “Solo quiero pedir que si pueden venir las corporaciones a entregar la paga”, expresa con la voz quebrada.
El secuestro del alcalde ocurrió en una plaza pública de San Cristóbal de Las Casas, un lugar donde normalmente convergen comunidades indígenas y turistas. El hecho de que un alcalde electo por usos y costumbres haya sido secuestrado en un entorno tan expuesto pone de manifiesto la fragilidad de las relaciones entre las autoridades locales y las comunidades indígenas, quienes han expresado en numerosas ocasiones su descontento por la falta de atención a sus necesidades.
En el video difundido por los captores, Alonso Pérez Sántiz, claramente angustiado, asegura que los secuestradores lo tienen retenido en la cancha de básquetbol de la comunidad de Chayomté, municipio de Aldama. Con la vestimenta tradicional tsotsil que usan las mujeres de la región, el alcalde pide a las autoridades que acudan al lugar para hacer entrega del rescate. “Que traigan el recurso correspondiente, eso es todo y quedamos contentos todos, es lo que comenta la gente”, implora en el video.
El hecho de que Pérez Sántiz haya sido vestido de mujer por sus captores es un acto que, más allá de la humillación, tiene profundas connotaciones simbólicas en la cultura tsotsil. En muchas comunidades indígenas, la vestimenta tiene un significado de identidad y respeto, por lo que obligar a una autoridad a vestirse con ropa del sexo opuesto puede interpretarse como un intento de deshonrar su autoridad y su posición.
Hasta el momento, ningún grupo político se ha atribuido formalmente el secuestro de Alonso Pérez Sántiz, pero fuentes extraoficiales señalan que el secuestro fue orquestado por un grupo de habitantes de la comunidad de Chayomté, liderados por Domingo Morales Patishtán, agente de dicha localidad. Las tensiones entre Chayomté y Aldama no son nuevas, y en este caso específico, las demandas de los secuestradores parecen estar vinculadas a la finalización de una obra de infraestructura social, cuya entrega está pendiente.
Uno de los rumores más persistentes en torno al secuestro sugiere que Lucio Manuel López Pérez, alcalde electo de Aldama, también estaría involucrado en el secuestro. Supuestamente, López Pérez habría colaborado con los captores para presionar la entrega de los 1.5 millones de pesos en efectivo, que, según ellos, deberían ser distribuidos entre los habitantes de Chayomté como parte de la compensación por la obra inconclusa.
Aunque no se han ofrecido detalles específicos sobre qué obra es la que está en disputa, esta situación refleja un patrón recurrente en muchas comunidades indígenas de Chiapas, donde las obras públicas financiadas por el Gobierno federal o estatal a menudo se retrasan o quedan incompletas, generando descontento entre los habitantes.
Hasta el momento, ni la Guardia Nacional ni el Ejército han intervenido en el caso, a pesar de que en el video Pérez Sántiz pide explícitamente la participación de las fuerzas de seguridad para que lleven el dinero a la comunidad de Chayomté. “Por favor, busquen decisiones, estrategias, porque la verdad, señores, no están pidiendo de más”, ruega el alcalde en el video. Sus palabras reflejan la desesperación de alguien que se encuentra en una situación crítica, mientras intenta mediar entre las demandas de sus captores y las posibilidades de su liberación.
A pesar de la gravedad de la situación, Gilberto López Lunes, síndico de Aldama, negó que el alcalde haya sido golpeado o maltratado físicamente, aunque las fuentes cercanas a Pérez Sántiz aseguran que ha sido agredido. López Lunes minimizó el secuestro, afirmando que el alcalde está “bien de salud” y que las demandas de los captores no son excesivas. “No está golpeado, únicamente estamos pidiendo que cumpla con su trabajo y que no se olvide de su gente”, comentó el síndico, en un esfuerzo por calmar los ánimos.
El secuestro de Pérez Sántiz, aunque extremo, no es un incidente aislado en Chiapas. La región de Los Altos y otras zonas de la entidad han estado plagadas de conflictos intercomunitarios, disputas por tierras y tensiones políticas derivadas de las promesas incumplidas de desarrollo y bienestar social. La marginación histórica de las comunidades indígenas, unida a la corrupción y la ineficacia gubernamental, ha creado un caldo de cultivo propicio para que este tipo de eventos sucedan.
El uso de la vestimenta femenina tsotsil también tiene un trasfondo cultural significativo. En las comunidades tsotsiles, la vestimenta tradicional es un símbolo de identidad y pertenencia, y cada pieza tiene un significado particular. Obligar al alcalde a usar ropa de mujer puede interpretarse como un intento de despojarlo de su autoridad masculina y de humillarlo públicamente frente a su comunidad. Este tipo de humillación pública es un castigo común en algunas comunidades indígenas, donde la pérdida del honor puede ser incluso más dolorosa que las agresiones físicas.
El hecho de que los secuestradores exijan 1.5 millones de pesos en efectivo también refleja la desconfianza profunda que muchas comunidades indígenas tienen hacia el sistema bancario y financiero formal. En muchas ocasiones, estas comunidades prefieren el manejo de efectivo como una forma de asegurarse de que los recursos lleguen directamente a ellos, sin intermediarios que puedan malversar los fondos.
El caso de Alonso Pérez Sántiz pone de relieve no solo las tensiones políticas y sociales en Aldama, sino también la precariedad de las autoridades locales para ejercer su mandato en un contexto de violencia e inseguridad. Los secuestros de alcaldes y funcionarios no son un fenómeno nuevo en México, pero en Chiapas, una región marcada por una larga historia de resistencia indígena y violencia, adquiere una connotación aún más grave.
Este incidente es un recordatorio de la necesidad urgente de resolver los conflictos intercomunitarios de manera pacífica y de implementar políticas de desarrollo que verdaderamente atiendan las necesidades de las comunidades indígenas. Mientras tanto, la vida de Alonso Pérez Sántiz sigue pendiendo de un hilo, a la espera de que las autoridades encuentren una solución al conflicto.
El municipio de Aldama, en la región de Los Altos de Chiapas, se ha convertido en un escenario de constante sufrimiento para sus habitantes. Con una población cercana a los ocho mil 500 habitantes, la mayoría de ellos dispersos en 24 comunidades, Aldama se enfrenta a una situación compleja en la que la pobreza extrema, la falta de infraestructura básica y la violencia ejercida por grupos armados como El Machete y Los Herrera han desestabilizado la vida cotidiana de la población.
Aldama se encuentra entre los municipios más marginados de Chiapas y de todo México. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Aldama ocupa el tercer lugar en pobreza extrema en el estado. La actividad económica principal del municipio se centra en el cultivo de frijol, maíz y café, productos que generan ingresos que apenas alcanzan los 70 pesos diarios para los productores. Esta situación obliga a las familias a sobrevivir en condiciones muy limitadas, donde el acceso a una dieta adecuada y a servicios esenciales resulta un lujo para muchos.
Las condiciones de vida en el municipio son alarmantes. De las 24 comunidades que componen Aldama, 20 no cuentan con energía eléctrica, agua potable o alcantarillado. Esta precariedad ha generado un sentimiento de abandono y frustración entre sus habitantes, quienes desde hace años exigen la creación de infraestructura pública que mejore sus condiciones de vida. Sin embargo, la falta de respuestas por parte de las autoridades ha intensificado el descontento y ha llevado a muchos a tomar decisiones drásticas.
Aldama no solo enfrenta problemas de pobreza extrema y marginación, sino que también está inmerso en un entorno de violencia derivado de la presencia de grupos armados. La zona de Los Altos, donde se ubica Aldama, ha sido asediada por grupos como El Machete y Los Herrera, ambos acusados de pertenecer al crimen organizado. Estas facciones mantienen bajo fuego no solo a las comunidades de Aldama, sino también a las de los municipios vecinos, como Chenalhó, Pantelhó y Chamula.
El conflicto en esta región tiene raíces profundas y complejas. Las pugnas territoriales entre estos grupos han derivado en enfrentamientos constantes que han cobrado vidas y han desplazado a cientos de personas. Las comunidades han sido víctimas de ataques armados, secuestros, extorsiones y asesinatos. La presencia del Estado es casi nula en estas áreas, lo que ha generado una sensación de impunidad y vulnerabilidad entre los habitantes.
En este contexto, el acceso a servicios básicos como la salud o la educación es prácticamente inexistente. Las escuelas han cerrado debido al riesgo que supone la violencia en la región, y los centros de salud están vacíos o desprovistos de recursos, lo que ha obligado a los habitantes a buscar alternativas en otros lugares o simplemente a resignarse a la situación.
Ante la falta de resultados por parte del Gobierno y la violencia que impera en la región, muchas familias de Aldama han tomado la decisión de emigrar. Estados Unidos se ha convertido en el destino principal de quienes buscan escapar de la pobreza y de la inseguridad. Para muchos, la migración es la única vía para garantizar una vida mejor para sus hijos y para salir del círculo de violencia y marginación en el que se encuentran.
El éxodo desde Aldama ha ido en aumento en los últimos años. Familias completas venden lo poco que tienen para poder pagar a los traficantes de personas que les prometen un cruce seguro a través de la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, este viaje también conlleva enormes riesgos. Los migrantes son vulnerables a los abusos de las autoridades migratorias, al crimen organizado y a las peligrosas condiciones del cruce fronterizo.
A pesar de estos riesgos, muchos ven en la migración la única esperanza para escapar de la situación desesperada en la que viven. Las remesas enviadas por aquellos que logran llegar a su destino son una de las principales fuentes de ingresos para las familias que permanecen en Aldama, lo que refleja la falta de oportunidades económicas en la región.
El panorama en Aldama es sombrío. La falta de infraestructura básica, la violencia de los grupos armados y la emigración masiva están desarticulando el tejido social de la región. Mientras las autoridades no logren implementar políticas eficaces que aborden los problemas estructurales de pobreza, inseguridad y marginación, la situación en Aldama difícilmente mejorará.
Es necesario que el Estado intervenga de manera decidida para frenar la violencia y garantizar el acceso a los servicios básicos para la población. Además, se deben promover políticas de desarrollo económico que permitan a los habitantes de Aldama vivir de manera digna sin tener que recurrir a la migración forzada. La situación de Aldama es un reflejo de la crisis que enfrentan muchas comunidades indígenas en Chiapas, donde la pobreza, la falta de oportunidades y la violencia son constantes que afectan la vida diaria de miles de personas.
Si no se toman acciones urgentes, Aldama podría continuar desintegrándose, con más familias abandonando sus hogares en busca de seguridad y mejores condiciones de vida. En un país donde la desigualdad sigue siendo uno de los principales retos, la historia de Aldama es una llamada de atención sobre la necesidad de políticas públicas inclusivas y efectivas que atiendan a las comunidades más vulnerables.
Hasta el cierre de esta nota, las autoridades estatales no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las negociaciones para la liberación del alcalde. Sin embargo, familiares de Pérez Sántiz han hecho un llamado desesperado para que el Gobierno de Chiapas intervenga de manera inmediata. “Por favor, necesitamos su participación allá arriba”, suplica el alcalde en el video, en una clara referencia a la falta de acción por parte del Gobierno estatal.
