Destaca la necesidad urgente de acciones efectivas para proteger a víctimas y erradicar estas prácticas
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
Chiapas es una de las tres regiones con más casos de trata de personas en México, esto termina por afectar tanto a locales como a migrantes. Con 76 reportes entre 2023 y la primera mitad de 2024, el estado ha consolidado su posición en esta crisis humanitaria, donde la explotación sexual y el trabajo forzado predominan. Las rutas migratorias del estado han facilitado que el crimen organizado utilice a personas en tránsito como blanco vulnerable de este delito.
A diferencia de otras entidades, Chiapas enfrenta el agravante del matrimonio forzado, siendo el único estado con reportes documentados de este tipo de abuso. En un caso reciente, una niña de 12 años fue vendida por 200 mil pesos para vivir como esposa de un hombre de 60 años, sin que su familia ni la comunidad intervinieran por temor. Este ejemplo ilustra cómo las tradiciones y la falta de denuncia perpetúan una forma de esclavitud moderna en el sur de México.
Además de la explotación sexual, se ha detectado un cambio en los patrones de operación de los tratantes, con un aumento del 34 por ciento en los casos que involucran a hombres. Este fenómeno se suma a la preocupación por el creciente uso de redes sociales para “enganchar” a las víctimas a través de ofertas laborales engañosas o falsas promesas de mejora de vida, los principales afectados sonquienes buscan oportunidades en medio de la pobreza.
La cercanía familiar con los victimarios es otro factor inquietante en Chiapas, donde padres, tíos y padrastros han sido identificados como tratantes de sus propios hijos o familiares. Esta realidad pone en evidencia la dificultad de detectar y erradicar la trata, lo que complica aún más la intervención de las autoridades.
La lucha contra la trata de personas en Chiapas requiere una atención focalizada y urgente, que aborde tanto las dinámicas familiares como el contexto migratorio, al impulsar una mayor coordinación entre autoridades y comunidades. Solo así se podrá frenar el avance de este delito que afecta a toda la región.
