La toma de protesta se realiza en comunidades alternas por el dominio células delictivas
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
La narcoviolencia en Chiapas ha empujado a varios alcaldes a iniciar sus gestiones lejos de los municipios que deberían gobernar. Regiones como la Sierra, la zona Norte y Los Altos de Chiapas han visto cómo sus autoridades electas se ven obligadas a despachar desde ayuntamientos alternos, incapaces de regresar a sus comunidades por la amenaza del crimen organizado. El Estado ha fracasado en garantizar seguridad y sucumbiendo ante la influencia criminal.
El caso más alarmante es el de Frontera Comalapa, donde el alcalde electo, Aníbal Roblero, desapareció antes de siquiera asumir el cargo. En otros municipios como Tila, el panorama es igual de desolador: la alcaldía fue incendiada, y los habitantes han sido desplazados por la violencia, viviendo con el temor constante de ser víctimas de extorsiones o de no poder regresar a sus hogares.
El impacto de esta violencia trasciende lo político: la vida diaria de los pobladores está alterada. En Tila, incluso enterrar a los muertos ha sido tomado como un negocio por las células delictivas, quienes cobran para permitir el acceso al panteón. La población desplazada espera un retorno seguro, pero los alcaldes, en su mayoría, evitan tocar el tema de la inseguridad en sus discursos.
La omisión de las autoridades frente a la narcoviolencia en sus propios municipios muestra una desconexión preocupante. Los alcaldes, toman protesta lejos de sus comunidades, sin mencionar las tragedias que afectan a sus ciudadanos. El crimen organizado no solo ha desplazado a miles, sino que también ha vaciado de poder las instituciones locales, dejándolas sin autoridad. Mientras tanto, la población sigue sufriendo las consecuencias del abandono gubernamental.
La situación en Chiapas pone en evidencia un modelo de gestión política que se adapta a la fuerza del narcotráfico. Los alcaldes electos operan a distancia, sin capacidad para enfrentar la realidad de sus municipios, y los ciudadanos viven bajo un doble abandono: el del crimen y el de sus propios gobernantes.
