Intentó buscar justicia a través de la CEDH, pero no obtuvo una respuesta efectiva
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
El caso de Adriana Domínguez Trujillo, abogada con casi dos décadas de servicio en el Poder Judicial del Estado de Chiapas (PJECH), pone en evidencia las dinámicas de abuso de poder y hostigamiento dentro de las instituciones públicas. Lo que comenzó como un traslado laboral en diciembre de 2022 se convirtió en una problemática al momento que el juez Antonio Maza Hernández, encargado del juzgado al que fue asignada en Chiapa de Corzo, supuestamente la acosó tanto en lo sexual como en lo laboral.
El abuso de poder en estos espacios se manifiesta de manera sutil, como lo describió Domínguez. Tras rechazar los avances del juez, el ambiente de trabajo se deterioró. Su desempeño comenzó a ser cuestionado y el hostigamiento diario se transformó en algo insostenible. La abogada intentó detener este comportamiento al levantar una denuncia ante el ombudsperson del PJECH, lo cual logró una disculpa superficial del juez Maza.
La gravedad de este caso no radica solo en los abusos iniciales, sino en la complicidad estructural que la perpetua. Tras el traslado de Maza Hernández a Tuxtla Gutiérrez, la situación no mejoró. El nuevo juez, Emilio Oñate, continuó las prácticas de hostigamiento, exhibiendo que no son actos aislados, sino parte de una red de protección y poder entre quienes deberían garantizar justicia. Incluso después de aceptar un nuevo traslado a Palenque, el juez Maza siguió interfiriendo en su vida laboral para desprestigiarla.
El vacío institucional agrava el panorama. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a la cual acudió en busca de protección, se declaró incompetente y la remitió al Poder Judicial, la misma institución que no había logrado detener el acoso en primer lugar. Esto deja en claro una preocupante falta de mecanismos efectivos para abordar la violencia de género y el abuso de poder dentro de organismos judiciales que deberían velar por la justicia.
El caso de Adriana Domínguez no es solo un ejemplo de acoso sexual y laboral; es una denuncia de cómo el poder puede ser utilizado para controlar a quienes intentan hacer frente a la impunidad desde adentro.
