Denuncian la deforestación por parte del Ejército Mexicano, lo que despierta preocupación por el ecosistema
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
Habitantes de Mitzitón, comunidad situada en San Cristóbal de Las Casas, han alzado la voz en defensa de su entorno natural, al denunciar la tala de árboles que ejecuta el Ejército Mexicano en las cercanías del cuartel militar en Rancho Nuevo. Según los habitantes, el 13 batallón de infantería y la 31 zona militar han talado pinos y cipreses, lo que despierta no solo preocupación ambiental, sino también interrogantes sobre la legalidad y la transparencia de estas acciones.
Los testimonios indican que los soldados trasladan los árboles en vehículos militares, lo que ha generado sospechas, dado que se rumorea que podrían estar siendo vendidos en un aserradero local. Este hecho contrasta con las restricciones impuestas a los campesinos, quienes enfrentan severas penalizaciones por cortar árboles en sus tierras. Esta doble moral deslegitima las acciones militares y refleja una falta de respeto hacia la comunidad indígena y sus derechos.
En respuesta a la creciente preocupación, la Secretaría del Medio Ambiente y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) han justificado la tala como una medida necesaria para combatir una plaga de insectos que amenaza los árboles de la región. Sin embargo, muchos habitantes se muestran escépticos ante esta explicación. Argumentaron que la tala indiscriminada no es la solución, dado que se arriesgan ecosistemas enteros y se ignoran las prácticas de conservación que podrían haber mitigado la situación de forma menos destructiva.
La falta de diálogo entre la comunidad y los mandos militares ha agravado la tensión. Los habitantes han intentado sin éxito comunicarse con el comandante de la 31 zona militar, quien permanece inaccesible, lo que alimenta un sentido de desconfianza.
El llamado de Mitzitón a la acción es claro: piden no solo una respuesta, sino también un compromiso por parte del Gobierno para proteger su entorno y sus derechos. Esta situación refleja una problemática más amplia en México, donde los derechos de las comunidades indígenas a menudo son ignorados en favor de decisiones que favorecen intereses económicos.
