Menores de edad han sido retirados de las zonas donde laboran, esto ha afectado sus medios de sustento
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
La reciente administración en San Cristóbal de Las Casas, encabezada por la alcaldesa Fabiola Ricci Diestel, ha desencadenado un conflicto social al implementar acciones contra el trabajo infantil en el centro histórico de la ciudad. La agrupación Melel Xojobal, con casi tres décadas de experiencia en la defensa de los derechos de la infancia, denunciaron la criminalización de niñas, niños y adolescentes que trabajan en las calles junto a sus familias.
A través de un comunicado, Melel Xojobal expuso cómo, desde el inicio de la nueva administración municipal, inspectores y policías han retirado a vendedores ambulantes, muchos de los cuales son familias enteras que dependen de la venta de artesanías y otros productos en las calles de San Cristóbal. Lo que se justificó como un esfuerzo para “mejorar la imagen urbana”, ha resultado en la reubicación forzada de estas familias a zonas menos transitadas.
El problema, según Melel Xojobal, no solo radica en la reubicación o en los decomisos de mercancía, sino en la actitud hostil de las autoridades hacia los menores de edad que acompañan a sus padres en el trabajo. Las acciones de la policía y los inspectores, que incluyen el hostigamiento y las amenazas de sanción por la presencia de niños en los puestos de trabajo, no contemplan soluciones a largo plazo ni alternativas viables para estas familias.
Más allá de una cuestión de imagen urbana, la problemática refleja una desconexión profunda entre las políticas públicas y la realidad socioeconómica de San Cristóbal. Con un 72 por ciento de la población infantil viviendo en pobreza, miles de familias recurren al trabajo callejero como única fuente de ingreso.
La organización Melel Xojobal exige al Gobierno municipal detener la criminalización del trabajo infantil y ofrecer soluciones estructurales que garanticen el bienestar de la niñez y sus familias. Mientras no se aborden las causas subyacentes de la pobreza y la falta de oportunidades, cualquier intento de “mejorar” la imagen de la ciudad mediante la expulsión de estos vendedores solo agravará la situación.
