Colectivos feministas celebran dicho dictamen, reconociendo el esfuerzo de décadas en lucha por
los derechos reproductivos
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
Después de 34 años de intentos fallidos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado
un paso que podría cambiar el rumbo de la historia de los derechos reproductivos en Chiapas.
Ordenó al Congreso local legislar para eliminar ciertas restricciones del Código Penal que castigan
el aborto, un hito en un estado donde las propuestas para legalizar esta práctica han sido
bloqueadas. En 1990, la primera iniciativa que buscaba ampliar los casos en los que el aborto sería
permitido fue retirada por la presión de la Iglesia católica.
La decisión de la SCJN resaltó no solo la urgencia de un marco legal que permita a las mujeres y
personas gestantes decidir sobre sus cuerpos, sino también el impacto social y sanitario de una
regulación que, durante años, ha forzado a miles a recurrir a prácticas clandestinas de alto riesgo.
Según el artículo 181 del Código Penal vigente, el aborto es legal solo en casos de violación, riesgo
para la salud de la madre o malformaciones del feto; en cualquier otro contexto, quienes buscan o
practican el procedimiento enfrentan penas de prisión.
En la SCJN, se abogó por una revisión a fondo de todo el capítulo sobre el aborto en el Código
Penal de Chiapas. El Congreso deberá ahora decidir hasta dónde llevará esta reforma y qué nuevas
barreras impondrá o derrumbará. Aunque se ha avanzado al establecer la legalidad del aborto
voluntario hasta las 12 semanas de gestación, aún queda en pie la definición del delito de aborto y
la penalización de quienes asistan en el procedimiento.
La resolución también es un reconocimiento a las décadas de activismo y al esfuerzo de colectivos
feministas que, desde la clandestinidad, han hecho posible que más mujeres accedan a
información, apoyo y redes de acompañamiento. Para estas activistas, la SCJN reconoció un
derecho por el que han luchado y que, según sostienen, debería estar garantizado desde hace
décadas.
Ahora, el Congreso estatal tiene en sus manos una decisión histórica. La pregunta no es solo si
regulará el derecho al aborto voluntario en los términos de la SCJN, sino si estará dispuesto a
revisar de manera profunda una legislación anclada en ideas y valores de hace más de 30 años.
