Sugieren que este tipo de “errores” podría tratarse de intentos para desviar la atención sobre temas delicados sobreseguridad
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
El pasado lunes 11 de noviembre, Chiapas se convirtió en el epicentro de un operativo de seguridad de alto perfil. En la capital, Tuxtla Gutiérrez, agentes de diversas corporaciones, incluyendo la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (SEMAR), llevaron a cabo un cateo en una propiedad que, según información preliminar, estaría vinculada con el crimen organizado. Los resultados de este operativo incluyeron la incautación de vehículos, armas y presunta droga, lo que rápidamente generó atención en medios locales y nacionales.
Sin embargo, el foco de la noticia se tornó hacia la supuesta captura de un líder del crimen organizado conocido como “El Güero Pulseras”. La mañana siguiente, durante una conferencia de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó la detención de un hombre identificado como Jesús Esteban “N”, a quien señaló como un “objetivo prioritario” en el estado.
“El día de ayer, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tras ejecutar una orden de cateo, detuvieron a Jesús Esteban “N”, identificado como un objetivo prioritario y líder de una célula en la entidad [Chiapas]”, declaró García Harfuch.
Minutos después de las declaraciones del funcionario, diversos medios nacionales comenzaron a replicar la noticia, refiriéndose al detenido como “El Güero Pulseras,” supuesto líder de una célula criminal. La figura de este personaje no era desconocida en la región: su apodo ya había aparecido en informes de inteligencia y notas previas sobre la violencia ligada al crimen organizado en el estado. Su detención, según las primeras versiones, parecía un golpe certero en la lucha contra la delincuencia organizada en el sureste mexicano, donde se sabe de la disputa de territorios entreorganizaciones delictivas.
Sin embargo, las primeras inconsistencias comenzaron a surgir al poco tiempo. Al cotejar la información proporcionada con el Registro Nacional de Detenciones (RND), no se encontró registro alguno que corroborara la captura de “El Güero Pulseras”. Esta situación, lejos de disipar las dudas, añadió un velo de misterio y controversia alrededor del operativo. A medida que transcurrían las horas, se hizo evidente que algo no cuadraba en la narrativa oficial.
Para despejar las dudas, Infobae México consultó directamente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), institución que confirmó que, aunque el inmueble cateado en Tuxtla Gutiérrez sí tenía vínculos con actividades delictivas, “El Güero Pulseras” no se encontraba en el lugar al momento del operativo. La SSPC fue aún más allá al señalar que lo expresado por García Harfuch en la conferencia matutina fue un error, y que el supuesto líder criminal no había sido detenido.
“Si bien hubo incautaciones de vehículos, armas y presunta droga en el lugar, El Güero Pulseras no estaba presente”, informó la SSPC, rectificando así la declaración inicial de García Harfuch.
Este desmentido fue un balde de agua fría para quienes habían celebrado la noticia de la detención. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, y rápidamente se llenaron de comentarios de usuarios que reclamaban claridad sobre lo sucedido. La confusión reinaba, y la falta de información transparente alimentaba aún más las especulaciones.
La noticia de la captura de “El Güero Pulseras” generó un impacto notable en la opinión pública, dada la relevancia de Chiapas como zona estratégica para diversas actividades ilícitas. Además, la posibilidad de que un importante líder criminal operara en la entidad, refuerza el temor entre la población ante el aumento de violencia en la región.
Sin embargo, la posterior corrección en la narrativa oficial planteó serias interrogantes sobre la coordinación y comunicación entre las distintas instituciones encargadas de la seguridad nacional. ¿Por qué se anunció la detención de un líder criminal sin que hubiera un registro formal? ¿Fue una confusión genuina, o hubo algún motivo político detrás de la declaración de García Harfuch?
Para algunos analistas en seguridad, este incidente revela una debilidad en los protocolos de comunicación gubernamental. “La población necesita claridad y coherencia en la información que se proporciona sobre temas de seguridad”, comentó un experto en criminología que prefirió mantenerse en el anonimato. “Estos errores pueden erosionar la confianza en las autoridades, especialmente en contextos donde la presencia del crimen organizado es tan evidente”.
A medida que se conocían más detalles sobre el operativo, surgieron diversas teorías sobre el motivo detrás de la falsa captura. Algunos observadores sugieren que este tipo de “errores” en la información oficial podría tratarse de intentos de desviar la atención sobre temas delicados en el ámbito de seguridad, algo que ha ocurrido en otras ocasiones en México. En este contexto, la declaración de García Harfuchpodría haber servido como una cortina de humo para calmar las crecientes preocupaciones sobre la escalada de violencia en Chiapas y sus alrededores.
Por otro lado, algunas fuentes dentro del Gobierno sostienen que el incidente fue simplemente un malentendido, y que no existió intención de manipular la información. Estos funcionarios argumentan que, en un operativo de tal magnitud, la confusión es común, especialmente cuando intervienen distintas agencias y corporaciones de seguridad.
Mientras la verdad se diluye entre declaraciones contradictorias, la población de Chiapas queda atrapada en medio de una narrativa confusa y desgastante. La región, que ha sido testigo de un aumento en la violencia por disputas de territorio entre grupos delictivos, sigue sufriendo las consecuencias de la falta de claridad en las acciones de las autoridades. La expectativa de seguridad y la esperanza de una disminución en los enfrentamientos entre estos grupos y las fuerzas del orden se ve afectada cuando la población percibe que los golpes al crimen organizado podrían no ser tan contundentes como se reporta.
Algunos habitantes de Tuxtla Gutiérrez, entrevistados tras el operativo, expresaron su escepticismo sobre la efectividad de las autoridades en la lucha contra el tráfico de estupefacientes. “Nos dicen que capturan a un líder, pero luego resulta que no es cierto. ¿Cómo quieren que les creamos?”, cuestionó un comerciante de la zona.
La confusión en torno a la supuesta captura refleja la necesidad de una mayor transparencia y precisión en la comunicación oficial sobre temas de seguridad. Los errores en este ámbito no solo afectan la percepción pública, sino que también pueden tener un impacto real en la efectividad de los operativos y en la confianza que los ciudadanos depositan en sus instituciones.
En un país donde las actividades ilícitas y la violencia vinculada a grupos criminales son problemas constantes, las autoridades tienen la responsabilidad de asegurar que la información proporcionada sea veraz y consistente. La captura de un líder criminal en Chiapas habría sido un golpe significativo contra el crimen organizado en la región. Sin embargo, la falta de claridad en torno a este operativo destaca la fragilidad de las estrategias de comunicación y la necesidad de reforzar los protocolos que garanticen una información confiable y transparente.
Mientras tanto, la presunta captura queda como un recordatorio de la complejidad y los desafíos que enfrenta México en la lucha contra el tráfico de estupefacientes y la violencia que este genera. Chiapas, por su ubicación geográfica y situación sociopolítica, sigue siendo un territorio disputado, y la población, la más afectada, sigue esperando respuestas efectivas.
Las autoridades de seguridad han dado a conocer los resultados de un operativo de cateo realizado en una propiedad, presuntamente perteneciente al supuesto líder criminal. En el sitio, los agentes encontraron 935 kilogramos de marihuana, empaquetados en 187 bultos, y descubrieron que el lugar aparentemente funcionaba también como taller para blindaje de vehículos, un recurso clave para el transporte y la protección de miembros del crimen organizado.
El cateo fue realizado como parte de una investigación en curso, pero hasta el momento, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no ha informado sobre la detención o captura de algún individuo vinculado a la propiedad o a los hallazgos. Tampoco ha habido un comunicado oficial por parte de Omar García Harfuch, jefe de la seguridad capitalina, quien no ha emitido hasta ahora un posicionamiento respecto a esta acción.
El operativo se llevó a cabo en un contexto de crecientes esfuerzos por desmantelar las redes del crimen organizado en la región. Sin embargo, la falta de un pronunciamiento oficial sobre la investigación en curso ha generado preguntas en torno a los siguientes pasos en el caso y sobre las personas involucradas en esta propiedad.
De acuerdo con la SSPC, el cateo permitió asegurar casi una tonelada de marihuana que, de haber llegado al mercado, habría tenido un importante impacto negativo en la seguridad y la salud pública. Este tipo de aseguramientos representa un golpe para las redes de distribución de estupefacientes, aunque la ausencia de detenciones en esta fase deja pendiente la identificación y captura de los responsables directos.
Otro aspecto relevante es el hallazgo de un espacio dedicado al blindaje de vehículos. La existencia de estos talleres clandestinos es una preocupación para las autoridades, dadoque permiten al crimen organizado contar con unidades especialmente preparadas para protegerse y evadir los operativos de las fuerzas de seguridad. Estas prácticas, además, incrementan la dificultad para que las autoridades logren desarticular a las células criminales en el transporte de estupefacientes y otros ilícitos.
