Autoridades locales y federales han condenado enérgicamente la violencia, se han
comprometido a llevar a los responsables ante la justicia
Argenis Esquipulas/Cortesía
FOTOS: JACOB GARCÍA
Data Cívica considera en su informe que estos ataques “podría reflejar inconformidad o una
intención por parte de la delincuencia organizada en influir en los resultados sobre quiénes
tienen posibilidades de ser candidatas o candidatos, y eventualmente, ocupar cargos en
Chiapas”, la entidad registra 38 eventos, colocándola en el sexto puesto más alto.
De acuerdo al informe de esta organización que forma parte del Programa para el Estudio de la
Violencia (PEV) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quienes mantienen
el monitoreo “Votar entre balas”, que registra la violencia criminal nacional en el marco
electoral, durante el mes de diciembre en Chiapas se registró un atentado hacia un funcionario
encargado del área de seguridad afiliado al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
La organización ubicó 574 hechos de violencia político-criminal en nuestro monitoreo “Votar
entre Balas” durante el 2023, lo que confirma que ha sido el año con más agresiones desde
que realizan el registro en 2018.
Data Cívica detalló que al primer mes de 2024 ya es el enero más violento, con cinco
asesinatos de aspirantes a un cargo de elección popular, una situación no vista ni en 2018 ni en
2021.
Durante los primeros días de enero, la violencia política ha dejado un sombrío rastro en
diferentes estados de la República Mexicana con el asesinato de tres precandidatos y una
aspirante a cargos municipales, además de una precandidata al Senado de la República.
Los crímenes han sacudido a diversas regiones del país, dejando consternación y preocupación
en la sociedad. Los estados afectados por esta ola de violencia son Chiapas, Colima, Morelos,
Michoacán y la Ciudad de México, evidenciando un fenómeno que trasciende las fronteras
geográficas y partidistas.
Dos de los precandidatos asesinados formaban parte de la coalición “Fuerza y Corazón por
México”, conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI)
y de la Revolución Democrática (PRD). Este lamentable suceso ha puesto de manifiesto la
vulnerabilidad de quienes buscan participar en la contienda electoral, sin distinción de
afiliación partidista.
Además, se reporta que dos de los precandidatos pertenecían a Movimiento Ciudadano,
mientras que la víctima restante era aspirante de Morena, evidenciando que la violencia no
discrimina entre distintas ideologías políticas.
Las autoridades locales y federales han condenado enérgicamente estos actos y se han
comprometido a llevar a los responsables ante la justicia, sin embargo, la creciente ola de
violencia política plantea desafíos significativos en términos de seguridad y protección para los
participantes en el proceso electoral.
La sociedad mexicana, ya afectada por la inseguridad, ahora enfrenta la incertidumbre de cara
a los comicios. La exigencia de medidas más efectivas para garantizar la seguridad de los
aspirantes políticos se hace cada vez más imperante.
En Chiapas se elegirán senadurías, diputaciones federales, estatales, Gubernatura y
ayuntamientos. En este contexto, destaca el secuestro de cinco encuestadores de MORENA,
dos de ellos asesinados y otro desaparecido; un acto cometido por integrantes de la
delincuencia organizada.
“Este caso es un ejemplo de que los integrantes de partido, como los encuestadores
asesinados, también son víctimas de la violencia política, aunque no se haya visibilizado tanto
su riesgo como de quienes son aspirantes directos a un cargo. De acuerdo con nuestra base de
datos, en 2018 el 15 por ciento y en 2021 el 11 por ciento de la víctimas de violencia política
fueron integrantes de partido, es decir, militantes, colaboradores, simpatizantes o dirigentes
de partido”.
El organismo refiere que han estado documentando “cada vez más casos de violencia
relacionada con el crimen organizado en Chiapas». En la base de datos de “Votar entre balas”
también hemos observado que este año ha aumentado la violencia política que se vive en ese
estado”.
A diferencia de los años anteriores, durante 2023, Chiapas ocupa el quinto lugar de las
entidades federativas con más víctimas de violencia criminal electoral en México.
La democracia peligra seriamente cuando las elecciones y sus actores centrales: ciudadanía,
candidaturas y partidos, se ven amenazados por la violencia y la inseguridad, problemas que
solo se pueden resolver desde la corresponsabilidad como señaló en su momento el consejero
presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.
La paradoja, dijo, es que a pesar de que desde hace varios años el país ha alcanzado una vida
democrática plena en materia electoral, “aún no ha logrado construir, como sociedad, las
condiciones necesarias para la paz, para controlar la violencia criminal y la inseguridad”.
Al participar en la presentación de las Recomendaciones para la seguridad de los candidatos y
candidatas a los cargos de elección popular en las elecciones de Coahuila y el Estado de México
2023, que se desprenden de la investigación del Seminario Violencia y Paz de El Colegio de
México sobre el asesinato de candidatas y candidatos en el proceso electoral 2020-2021, el INE
secundó lo que el estudio transmite claramente:
“La única forma de entender y resolver el problema de la violencia y la inseguridad que
padecen las candidaturas en las elecciones, es partiendo de la corresponsabilidad de todas las
instituciones y de todos los actores, pero siempre respetuosos de las atribuciones y funciones
que tienen cada uno de ellos. No se trata de lavarse las manos, se trata de asumir que tenemos
un problema grave, que si se sigue menospreciando puede acabarnos desbordando y volver
nuestra convivencia democrática en una quimera o membrete”, estableció.
Ante la presidenta de El Colegio de México (COLMEX), Silvia Elena Giorguli Saucedo; el
coordinador General del Seminario Violencia y Paz y profesor-investigador del Centro de
Estudios Internacionales (CEI), Sergio Aguayo; la presidenta del Instituto Electoral del Estado
de México, Amalia Pulido; el secretario de Seguridad del Gobierno del Estado de México,
Rodrigo Martínez-Celis y el consejero Presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC)
Rodrigo Germán Paredes Lozano; se mencionó que el estudio aborda uno de los temas de
mayor urgencia para la vida pública democrática en la actualidad: la inseguridad y la violencia
criminal.
“Lo verbal es la antesala de la violencia física y esta es la negación de la democracia”, por lo
que la recomendación de moderar el discurso debe ser ampliada a otros sectores que
participan en la vida política como los gobiernos y los medios de comunicación.
En suma, subrayó, “el problema de la violencia es un problema integral y, por lo tanto, no hay
un único responsable, pero al ser muchos los responsables, tampoco ninguno de ellos puede
lavarse las manos”.
PREOCUPA A INE CUATRO MUNICIPIOS DE CHIAPAS POR VIOLENCIA
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha reconocido públicamente la existencia de cuatro
municipios en Chiapas que generan inquietud en la organización de las elecciones. Dichos
municipios son Bellavista, Chicomuselo, Frontera Comalapa y Pantelhó.
Chicomuselo, con apenas 8 mil habitantes, ha experimentado recientemente enfrentamientos
entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, resultando en
desplazamientos de los residentes. En Frontera Comalapa, la presencia de la Guardia Nacional
hace un mes fue necesaria debido a la violencia criminal que afectaba a la localidad.
Pantelhó también figura en la lista de preocupaciones, porque enfrenta conflictos constantes.
Incluso, apenas hace unos días, familiares de 21 personas exigieron la localización de sus seres
queridos, desaparecidos desde hace más de dos meses.
El INE ha solicitado al Gobierno estatal información detallada sobre las condiciones de
seguridad en estas comunidades, reconociendo la importancia de garantizar un entorno
seguro para llevar a cabo el proceso electoral.
En un informe presentado al Consejo General, la Presidencia del INE informa sobre las acciones
de seguridad. Se destaca la entrega del recorrido planificado por 13 juntas distritales en todo
el estado, del 15 de enero al 15 de febrero, para la ubicación de casillas. Este informe resalta la
necesidad de protección para el personal del organismo que llevará a cabo estas tareas.
Especialmente en Chicomuselo, el INE ha solicitado la colaboración de la Secretaría de la
Defensa Nacional para brindar acompañamiento durante el examen realizado por
capacitadores y supervisores electorales.
Entre las 32 entidades, solo ocho han instalado mesas de coordinación para garantizar la
seguridad del personal involucrado en actividades de campo, logística y resguardo de
documentación. Estas entidades son Chiapas, Colima, Oaxaca, Puebla, Morelos, Tabasco,
Querétaro y Quintana Roo.
Oaxaca se destaca por la planificación de un Diagnóstico de Riesgos Electorales en sus 570
municipios, como parte de las medidas preventivas para asegurar un proceso electoral seguro
y transparente.
