El mandatario federal argumentó que las informaciones proporcionadas por el Frayba no
son precisas
ARGENIS ESQUIPULAS
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha sacudido al país
con un informe desgarrador sobre una tragedia acontecida el pasado domingo 31 de
marzo en la localidad de Niños Héroes, ubicada en el municipio de La Concordia, Chiapas.
Según las investigaciones y testimonios recopilados por el Frayba, al menos 25 personas
perdieron la vida en un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y un grupo armado, en
el que lamentablemente se vieron envueltos también civiles inocentes.
El escenario de esta terrible tragedia fue la presa La Angostura, donde ciudadanos que
esperaban abordar el transporte conocido como Chalán (panga) para cruzar la presa, se
vieron atrapados en medio de una intensa balacera entre las fuerzas de seguridad y un
grupo armado. Entre las víctimas se encontraban hombres, mujeres, niños, niñas,
adolescentes y personas mayores, quienes aguardaban pacíficamente su turno para cruzar
el embalse.
Según el relato de testigos presenciales, alrededor de las 10:00 a.m. y las 12:00 p.m. del
31 de marzo, aproximadamente 40 personas se congregaron en la orilla de la presa La
Angostura con la intención de abordar el transporte hacia Ignacio Zaragoza.
Sin embargo, la tranquilidad de esta espera se vio abruptamente interrumpida por la
llegada de la Guardia Nacional, que perseguía al grupo armado, desatando así un
enfrentamiento violento que segó la vida de numerosos inocentes.
El saldo de esta tragedia es estremecedor: al menos 25 personas perdieron la vida,
incluyendo civiles, y varias más resultaron heridas de gravedad. El Frayba ha levantado su
voz en demanda de justicia, exigiendo al Estado mexicano una investigación exhaustiva
que esclarezca estos hechos y determine las responsabilidades de la Guardia Nacional en
el uso desproporcionado de la fuerza, así como las posibles ejecuciones extrajudiciales
que pudieron haber ocurrido en el marco de este enfrentamiento.
Durante su conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
abordó dos incidentes violentos ocurridos en Chiapas, distinguiendo entre dos
enfrentamientos diferentes. El primer incidente involucró a dos grupos del crimen
organizado, mientras que el segundo enfrentamiento enfrentó a civiles armados con
elementos de la Guardia Nacional.
El presidente desestimó las cifras proporcionadas por una organización de derechos
humanos, que reportó alrededor de 25 víctimas en los enfrentamientos. “Eso no es cierto.
Deben ser como 10, cinco en una parte y cinco en otra. No sé de dónde sacaron 25, es que
mienten”, enfatizó.
En cuanto al despliegue de la Guardia Nacional en La Concordia, el mandatario explicó que
el grupo militar fue solicitado por los trabajadores que participan en la construcción de
dos puentes en el municipio. Según su relato, la presencia de la Guardia Nacional fue
requerida debido a que los trabajadores estaban siendo hostigados por presuntos
miembros de grupos criminales.
El enfrentamiento con la Guardia Nacional ocurrió cuando los elementos se dirigían hacia
un rancho presuntamente propiedad de un líder criminal. “Se metieron a un rancho que
presuntamente es de un jefe de un grupo criminal y se enfrentaron y ahí hubo… al día
siguiente o poco después, van refuerzos en donde estamos construyendo puentes allá en
La Concordia y los constructores pidieron que pusiéramos un campamento de la Guardia
Nacional porque los trabajadores decían que los hostigaban… y cruzando la panga hubo
un enfrentamiento con la Guardia Nacional, en uno de los puentes”, detalló López
Obrador.
Los detalles de estos enfrentamientos y el papel de las autoridades en su manejo han
generado debate y preocupación en la región, especialmente en relación con la seguridad
de los ciudadanos y la efectividad de las medidas implementadas por el Gobierno para
abordar la violencia en áreas afectadas por el crimen organizado.
Sin embargo, las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
han generado polémica y controversia al respecto. Durante su conferencia matutina, el
ejecutivo federal negó la magnitud de la masacre reportada por el Frayba, asegurando que
en Chiapas únicamente se registraron dos enfrentamientos distintos que dejaron un saldo
total de 10 muertos, contradiciendo así la cifra de 25 fallecidos proporcionada por la
organización de derechos humanos.
El mandatario argumentó que las informaciones proporcionadas por el Frayba no son
precisas y acusó a la organización de mentir sobre el número de víctimas. Según su versión
de los hechos, los enfrentamientos en Chiapas fueron entre distintos grupos armados y
entre la Guardia Nacional y civiles armados, descartando la existencia de una masacre con
la magnitud reportada por la organización.
En respuesta a las declaraciones del presidente López Obrador, Dora Robledo, directora
del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, reafirmó la veracidad de
los informes emitidos por este organismo, basados en testimonios y evidencias recabadas
en el lugar de los hechos. Robledo afirmó que el Frayba no se retractaría de su informe,
dado a que cuenta con información de primera mano proporcionada por testigos
presenciales de los acontecimientos ocurridos en La Concordia, Chiapas.
En medio de esta controversia y desgarradora tragedia, persiste la exigencia de justicia y
verdad para las víctimas de este enfrentamiento, así como el llamado a las autoridades
mexicanas a garantizar la seguridad y protección de la población civil en todo el país,
especialmente en zonas afectadas por la violencia y la confrontación armada.
VIOLENCIA EN CHIAPAS
En los últimos años, el estado suereño se ha visto sumido en una espiral de violencia sin
precedentes, desencadenada por las disputas entre grupos del narcotráfico por el control
de las zonas fronterizas con Guatemala. Esta situación ha dejado un rastro de tragedia y
desolación en la región, evidenciado por el aumento constante de homicidios dolosos en
todo el estado.
Según cifras alarmantes proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, el año 2023 se convirtió en el más mortífero para Chiapas,
con un total de 500 homicidios dolosos. Esta cifra representa un marcado incremento en
comparación con años anteriores, donde se registraron 377 homicidios dolosos en 2022,
429 en 2021 y 419 en 2020.
La escalada de violencia no solo se refleja en el aumento de los índices de homicidios, sino
también en el creciente número de personas desplazadas por el conflicto. De acuerdo con
el Frayba, hasta finales de enero del presente año, más de dos mil 300 personas se vieron
obligadas a abandonar sus hogares debido a la narcoviolencia en las regiones de la Sierra y
Frontera de Chiapas.
Esta situación ha generado una crisis humanitaria de proporciones alarmantes, con
comunidades enteras desplazadas, familias separadas y un clima de temor y
desesperación que permea en la vida cotidiana de los chiapanecos. Las autoridades
estatales y federales se enfrentan a un desafío monumental para garantizar la seguridad y
protección de la población afectada, así como para abordar las causas profundas de la
violencia que azota la región.
En este contexto, es imperativo que se intensifiquen los esfuerzos de cooperación entre
los diferentes órdenes de Gobierno, así como con la sociedad civil y organismos
internacionales, para implementar estrategias integrales que atiendan tanto las causas
como las consecuencias de la violencia en Chiapas.