Se busca habilitar mecanismos legales que protejan a los indocumentados de posibles violaciones
a sus derechos económicos
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
En un movimiento sin precedentes, el abogado José Luis Pérez Jiménez ha instado al Gobierno
mexicano a considerar una reforma al artículo 28 de la Constitución, con el fin de permitir que los
extranjeros se asocien y defiendan de manera colectiva sus intereses económicos a través de
asociaciones civiles, sindicatos o coaliciones.
Pérez Jiménez argumentó que esta medida es crucial para garantizar que los migrantes tengan
acceso a una defensa jurídica efectiva en materia económica. Según el abogado, la actual
prohibición constitucional limita la capacidad de los extranjeros para organizarse y protegerse
mutuamente en situaciones legales.
La propuesta incluye la implementación de un mecanismo similar al “Class Action”
estadounidense, que permitiría a los migrantes ser reconocidos como agentes económicos con
derecho a una defensa colectiva ante posibles abusos o violaciones de sus derechos en el ámbito
financiero.
“Esta reforma es esencial para evitar violaciones a los derechos humanos de los migrantes y para
fomentar una mayor movilidad económica en el país”, señaló Pérez Jiménez. Subrayó que los
migrantes son tratados como espectadores pasivos mientras son objeto de persecución y
explotación económica, y destacó la urgencia de otorgarles herramientas legales efectivas para
protegerse.
El abogado también hizo hincapié en que su propuesta no se limita a la crítica del sistema
migratorio actual, sino que busca ofrecer soluciones concretas y pragmáticas para abordar el
abuso de autoridad contra los migrantes y promover la igualdad de condiciones económicas y
jurídicas para todos los individuos que se encuentran en territorio mexicano.
Esta iniciativa de reforma constitucional busca abrir nuevas vías legales que empoderen a los
migrantes y promuevan una mayor inclusión y protección en el ámbito económico. Se espera que
esta propuesta genere un debate significativo en el Congreso del estado y en la sociedad en
general, en torno a la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de todos los residentes,
independientemente de su origen o nacionalidad.
