Dicha sentencia es un paso importante para la lucha por igualdad y respeto en la administración
estatal
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
La reciente resolución de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (SX-TEPJF) pone en el centro del debate la persistente violencia política de género en
Chiapas. Al modificar la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) en el
expediente TEECH/JDC/100/2023, donde se reconoció la obstaculización sistemática del
desempeño de varias funcionarias del ayuntamiento de Reforma, atribuyéndola a la presidenta y
al secretario municipal.
El fallo es un hito significativo en la lucha contra la violencia política de género en México. Las
funcionarias afectadas fueron invisibilizadas de manera sistemática a través de la omisión de
información crucial para el ejercicio de sus cargos, la exclusión de las sesiones de cabildo y eventos
públicos, y la falta de reconocimiento en las redes sociales del ayuntamiento. Estos actos no solo
las marginaron, sino que también enviaron un mensaje claro de discriminación y menosprecio
hacia su rol en la política local.
Además de confirmar estos delitos, la Sala Regional ordenó la inscripción de ambos funcionarios
en los registros Estatal y Nacional de Personas Sancionadas por Violencia de Género. Esta medida
no solo castiga a los responsables, sino que también actúa como un elemento disuasorio para
futuros actos. La inscripción en estos registros representa un obstáculo significativo para la carrera
política de los sancionados, al destacar la seriedad con la que se deben tomar estos delitos.
El fallo también incluyó medidas de protección para las funcionarias afectadas, puesto que se
ordenó a los responsables abstenerse de cualquier acción que pueda intimidar o causar daño a las
demandantes. Esta protección es crucial para garantizar que las mujeres puedan ejercer sus
funciones públicas sin temor a represalias, lo cual fomenta un ambiente de trabajo más seguro y
equitativo.
Esta decisión resalta la necesidad de abordar la violencia de género en la política, no solo a través
de sanciones, sino también mediante cambios estructurales y culturales. Es imperativo que se
implementen programas educativos y de sensibilización para erradicar las actitudes machistas y
discriminatorias, promoviendo una participación política más inclusiva y justa.