A través de redes sociales, la responsable de política interior del país señaló que el magistrado actuó por consigna
PORTAVOZ/AGENCIAS
Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, anunció que pedirá un juicio político contra el juez Rodrigo de la Peza López, acusándolo de “violar la Constitución” al ordenar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) designar a dos magistrados de la Sala Superior.
A través de redes sociales, la responsable de la política interior del país señaló que el juez actuó evidentemente por “consigna“, por lo cual debe ser juzgado y sancionado en caso de ser encontrado culpable.
“Muy bien por el Tribunal Electoral, que frente a la pretendida intromisión del juez de Distrito Rodrigo de la Peza López, decide defender su autonomía y su mandato constitucional como máxima autoridad en la materia. El día de hoy solicitaremos su juicio político por violar la Constitución. Es evidente que actúa por consigna”, señaló.
TRIBUNAL ELECTORAL TAMBIÉN VA CONTRA EL JUEZ
Este anuncio se produce después de que el Tribunal Electoral rechazara la competencia del juez noveno de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México para imponer medidas cautelares al tribunal.
En un comunicado, los magistrados de la máxima autoridad electoral del país consideraron que las medidas anunciadas por el juez De la Peza López son injustificadas y excesivas.
Ante esta situación, el TEPJF anunció que no acatará la resolución del juez, al considerarla fuera de sus facultades, y adelantó que presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal.
¿QUÉ HABÍA ORDENADO EL JUEZ?
Es importante mencionar que el juez había ordenado al TEPJF designar a dos magistrados de la Sala Superior debido a que el Senado de la República no había hecho los nombramientos en tiempo y forma.
De la Peza López fundamentó su decisión en el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual permite al TEPJF seleccionar magistrados suplentes en situaciones especiales. Sin embargo, esta medida fue rechazada.
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En un comunicado, consideraron que las medidas anunciadas son injustificadas y excesivas