La protesta por un despido sin indemnización bloquea varios negocios. Los manifestantes demandan justicia
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
La tensión en Ocosingo alcanzó un nuevo nivel este martes, un grupo de manifestantes cerró las cuatro sucursales de la cadena abarrotera Sánchez. La protesta surgió a raíz del despido de María «N», una trabajadora que, debido a una neuropatía periférica, no pudo desempeñar sus funciones de manera correcta. El cierre de los comercios no solo pone en evidencia la falta de regulación efectiva, sino que también destaca la carencia de mecanismos de justicia laboral en la región.
María, quien laboró más de seis años en la empresa, ha sido despedida sin recibir la liquidación correspondiente. Los manifestantes, con pancartas que exigieron justicia y el pago justo para la trabajadora, tomaron el control de las instalaciones, con el argumento de que la empresa no ha cumplido con sus obligaciones legales. Esta situación pone de relieve la lucha entre derechos laborales y las prácticas empresariales en Ocosingo.
El cierre de las tiendas no solo afecta a la empresa, sino también a más de 50 trabajadores que dependen de estos empleos para su sustento diario. La protesta ha dejado a estos empleados sin trabajo temporal, lo que genera una crisis económica para ellos y sus familias. Este conflicto revela cómo las acciones de una empresa pueden tener repercusiones amplias en la comunidad laboral. El hecho de que la regulación recaiga en manos de organizaciones de trabajadores muestra una brecha en el sistema que debería ser abordada por las instituciones estatales.
La crisis en Ocosingo exhibe la necesidad urgente de reformas en la justicia laboral y de una mayor vigilancia estatal sobre las prácticas empresariales. Este incidente no solo debe servir como un llamado a la acción para garantizar los derechos de los trabajadores, sino también como una oportunidad para revisar y fortalecer los mecanismos de protección laboral en la región.
