La falta de seguimiento en las acusaciones lleva a frustración en ciudadanos, quienes sienten que su voz no es escuchada
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
La alarmante realidad de la inseguridad en Chiapas no se refleja en las cifras oficiales. A pesar de que las autoridades estatales proclaman una disminución en los índices delictivos, un análisis más profundo revela que más del 90 por ciento de los delitos cometidos no son denunciados. Esta situación genera una brecha entre las percepciones gubernamentales y la experiencia de la población, que se siente impotente ante un sistema de justicia que no responde a sus necesidades.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), un 15.1 por ciento de los hogares chiapanecos sufrió al menos un delito en el último año, de los cuales solo el 61.7 por ciento se tradujo en una carpeta de investigación. Sin embargo, la frustración de quienes intentan buscar justicia se hace palpable. La apatía de las autoridades se traduce en un ciclo vicioso donde la falta de respuestas adecuadas lleva a más personas a optar por no denunciar.
La llamada “cifra negra” reveló que, en términos de delitos conocidos, solo el 9.5 por ciento llegan a ser investigados por la Fiscalía. La inacción de las autoridades ante los casos denunciados, sumada a la percepción de impunidad, propicia un clima de desconfianza. La falta de seguimiento en los casos genera una sensación de abandono que se refleja en las estadísticas.
Los delitos más graves, como secuestros y homicidios, continúan siendo comunes, pero quedan fuera del radar oficial. Aun así, el Estado no proporciona información clara sobre la cantidad de casos que realmente se investigan. La percepción de que las autoridades solo ofrecen datos que minimizan la realidad contribuye a una creciente frustración ciudadana.
La solución a esta crisis no solo radica en mejorar las cifras de denuncias, sino en transformar el sistema de justicia en la entidad. Es fundamental establecer mecanismos que aseguren a los ciudadanos que sus denuncias serán atendidas de manera efectiva. Solo así se podrá romper el ciclo de la impunidad y fomentar una cultura de confianza entre la ciudadanía y las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.
