La organización reclama el esclarecimiento de crímenes y liberar a Higinio Bustos, encarcelado desde 2021
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
El bloqueo carretero que inició este miércoles 2 de octubre en el tramo Ocosingo–Yajalón y Altamirano no solo expone la persistente lucha del Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo (FNLS), sino también la continua tensión entre movimientos sociales y Gobierno federal. La protesta, ubicada en la localidad de Las Perlas, puso en pausa el tránsito y afectó a cientos de automovilistas, mientras el FNLS demanda justicia por los crímenes no resueltos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que siguen sin respuesta.
Esta acción refleja la insatisfacción de la organización con la nueva administración federal. Entre las principales exigencias están el esclarecimiento de los casos de compañeros, como Edmundo Reyes, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Fidencio Santis, y las hermanas Virginia y Danelia Ortiz, quienes hasta hoy permanecen sin respuesta por parte de las autoridades. Estos crímenes, que se cuentan por miles en el país, son la razón central del bloqueo.
Además de la demanda por justicia, los manifestantes exigieron la liberación de Higinio Bustos, detenido en Veracruz el 3 de mayo de 2021, un encarcelamiento que, aseguran, tiene su origen en represalias políticas durante el sexenio de Felipe Calderón. El FNLS acusa a Gobierno federal actual de ser cómplice al no intervenir en este caso que consideran una injusticia flagrante.
Los bloqueos han sido criticados por la población, dado que quienes pagan los costos inmediatos de estas acciones son los ciudadanos que quedan varados en las carreteras. La práctica del “boteo”, donde se cobra entre 100 y 200 pesos por vehículo y hasta 100 pesos por motocicleta para permitir el paso, ha generado malestar entre los automovilistas, quienes ven en estos bloqueos una forma de extorsión.
En última instancia, estas protestas evidencian una profunda desconexión entre las demandas de los movimientos sociales y las vías de respuesta institucional. Si bien las exigencias del FNLS tienen una raíz legítima, el uso de las carreteras como método de presión no solo incomunica a las comunidades, sino que deja en duda el tipo de diálogo necesario para resolver estas luchas.
