Gobierno afirma que impugnará el fallo en su contra sobre la extracción de arenas
fosfáticas
PORTAVOZ/AGENCIAS
El sueño de conquistar las reservas de fosfato en las profundidades de Baja California
Sur ha quedado enterrado en un pleito internacional de cinco años entre el Gobierno
mexicano y la compañía estadounidense Odyssey Marine. El arbitraje internacional,
iniciado en 2019, ha resultado en un fallo en contra de México, que ahora deberá
pagar a la demandante una compensación económica de 37,1 millones de dólares. El
Centro Internacional para Solución de Diferencias de Inversiones (ICSID, por sus siglas
en inglés) ha resuelto que la administración federal deberá cubrir esa millonaria
cantidad, más intereses, costos administrativos y honorarios. La minera marina, bajo el
amparo del TMEC, denunció la negativa de las autoridades mexicanas de otorgarle los
permisos medioambientales para comenzar la exploración de los minerales marinos en
las costas del Pacífico. La Secretaría de Economía ha anunciado que impugnará esta
resolución debido a que la decisión no fue unánime y presentó evidencia sólida sobre
la falta de experiencia de Odyssey Marine y las graves consecuencias que este
proyecto ocasionarían a la fauna local.
El arbitraje internacional fue presentado en abril de 2019 por Exploraciones Oceánicas
—firma subsidiaria de Odyssey Marine—contra el Gobierno mexicano por rechazar su
solicitud de permisos ambientales en 2016 y 2018 para comenzar la extracción de
arenas fosfáticas en Baja California Sur. Cinco años y una docena de audiencias
después, la compañía ha celebrado el fallo a su favor: “La agencia ambiental de México
denegó injustamente nuestro permiso ambiental que recibió amplios aportes de
asesores externos y expertos de la industria para determinar un plan de desarrollo
económicamente viable y ambientalmente responsable”, aseveró por escrito Mark
Gordon, director ejecutivo de Odyssey Marine Exploration.
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, no ha tardado en
responder sobre esta resolución en su contra y afirma que luchará para no pagar los
37,1 millones de dólares. “México argumentó que el proyecto afectaba un lugar
ecológicamente sensible donde habitan la tortuga caguama, ballenas azules y grises,
así como y lobos marinos, entre otros. Asimismo, aportó evidencia que demostraba la
falta de experiencia de la empresa en el sector minero”, indicó.
La dependencia añadió que ante la corte internacional se enfatizó que las técnicas de
dragado marino que Odyssey Marine quería implementar no habían sido puestas en
práctica en ningún lugar en el mundo. “Debido a las serias deficiencias de la resolución,
y considerando las críticas expuestas por el árbitro disidente, la Secretaría de
Economía iniciará un juicio de anulación del laudo ante las cortes competentes. El
Gobierno de México hará valer todos los medios de defensa posibles”, detalló la
Secretaría de Economía, la noche de este jueves en un comunicado.
Lo que empezó como un inédito proyecto de minería submarina en México ha
terminado en un pleito de alcances internacionales.
