La impunidad y complicidad de autoridades agravan la crisis de derechos humanos en la región
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
El hostigamiento contra activistas en Chiapas no solo persiste, sino que se ha intensificado. En los últimos dos años, al menos 90 agresiones han sido documentadas por el Observatorio de Personas Defensoras de Derechos Humanos. Detrás de estos ataques hay un patrón alarmante: violencia armada con presunta complicidad de autoridades, denuncias sin respuesta y una creciente impunidad que refuerza el clima de peligro.
La crisis no se limita a las agresiones directas. La violencia estructural ha convertido a las comunidades en zonas de alto riesgo, con miles de personas desplazadas. En municipios como Chicomuselo y La Concordia, familias enteras han huido sin la certeza de poder regresar. Mientras tanto, los grupos armados se multiplican, extendiendo su control territorial y disuadiendo cualquier intento de resistencia.
Periodistas y líderes comunitarios no están exentos. Su labor de denuncia se enfrenta a amenazas constantes, poniendo en riesgo el acceso a la información y el derecho a la protesta. La impunidad que rodea estos ataques ha generado un efecto paralizante, donde el miedo se convierte en un arma más para inhibir la lucha social.
Ante este panorama, el Observatorio ha reforzado su labor de documentación y denuncia, aunque reconoce que las condiciones para ejercer su trabajo se han vuelto cada vez más hostiles. La falta de respuestas por parte de las autoridades ha obligado a las organizaciones civiles a asumir la tarea de visibilizar las agresiones, lo que evidencia el vacío institucional en materia de protección.
El llamado es claro: las autoridades deben actuar con urgencia para frenar la violencia contra quienes defienden los derechos humanos. Sin garantías de seguridad y sin justicia para las víctimas, el futuro de la defensa social en Chiapas se ve amenazado por el silencio impuesto a base de miedo y represión.
